La Comisión de Constitución y Legislación del Senado ha recibido el expediente con la solicitud de desafuero del senador Gustavo Penadés, perteneciente al Partido Nacional de Uruguay. La solicitud se basa en acusaciones de explotación sexual de menores. La fiscal Alicia Ghione ha argumentado en el expediente que las declaraciones de ocho víctimas indican acciones delictivas por parte del senador.
Según las declaraciones de las víctimas, Penadés recogía a adolescentes en diferentes lugares públicos, como el Parque Batlle o los alrededores del Palacio Legislativo. Algunas de las víctimas afirmaron haber sido explotadas sexualmente cuando tenían entre 13 y 16 años. Ghione menciona que existían casos en los que Penadés utilizaba la violencia para obligar a actos sexuales, especialmente cuando se encontraban solos en un automóvil en alguna zona oscura de Montevideo.
El documento también hace referencia a la forma en que Penadés contactaba a los adolescentes, a veces a través del profesor de historia Sebastián Mauvezín, quien ofrecía encuentros con Penadés a cambio de dinero. La fiscal argumenta que el modus operandi del senador se mantenía a lo largo de los años, con variantes en los detalles sexuales según las circunstancias y las víctimas.
En el expediente, se mencionan amenazas dirigidas a las víctimas y a personas relacionadas con el caso. La militante nacionalista Romina Celeste Papasso sufrió vandalismo en su casa, mientras que otro adolescente de 17 años, conocido de Romina, fue asesinado en una situación aún no esclarecida. Ghione menciona también amenazas a través de redes sociales para disuadir a las víctimas de presentar declaraciones.
Las acusaciones presentadas en el expediente han generado una gran controversia en Uruguay y se espera que el caso sea tratado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para determinar si procede el desafuero del senador Penadés.
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