MEC lanza capacitación inclusiva virtual para formadores de la primera infancia

El MEC lanza curso virtual gratuito sobre inclusión en la primera infancia. 

 El Ministerio de Educación y Cultura presentó una nueva propuesta de formación dirigida a quienes trabajan con niños y niñas en sus primeros años de vida. Se trata de un curso virtual y gratuito enfocado en la educación inclusiva en la primera infancia, una etapa clave para el desarrollo integral de las personas.

La iniciativa busca fortalecer las competencias de formadores, educadores, cuidadores y técnicos del área, promoviendo entornos educativos sin barreras y con igualdad de oportunidades para todos los niños, incluyendo aquellos con discapacidad o necesidades específicas de apoyo.

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Capacitación accesible, moderna y con enfoque inclusivo

El curso se desarrolla de manera completamente virtual a través de la plataforma educativa del Ministerio y está diseñado para ser autoadministrado, lo que permite a cada participante avanzar a su ritmo. La propuesta consta de cinco módulos, con una duración total estimada de 60 horas. A lo largo del trayecto formativo, se abordan conceptos fundamentales de la inclusión, estrategias pedagógicas adaptadas, marco normativo y herramientas prácticas aplicables al trabajo cotidiano.

Además del contenido central, los inscriptos tendrán acceso a bibliografía especializada, recursos complementarios y la posibilidad de participar en instancias sincrónicas optativas para ampliar la experiencia de aprendizaje.

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Apuesta interinstitucional por la equidad desde la infancia

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia de articulación entre distintas instituciones públicas comprometidas con las políticas de primera infancia. Esta articulación apunta a consolidar una visión compartida sobre la educación y el cuidado en los primeros años de vida, entendiendo que el desarrollo infantil no depende únicamente del entorno familiar, sino también de las condiciones sociales, educativas y comunitarias que lo rodean.

Durante la presentación oficial, autoridades del área educativa, social e institucional reafirmaron la voluntad de seguir avanzando en la generación de propuestas concretas que fortalezcan la calidad del sistema de atención a la primera infancia, particularmente en términos de equidad e inclusión. Se destacó la importancia de brindar herramientas a los equipos técnicos y docentes que se enfrentan diariamente a la complejidad de los procesos de enseñanza y acompañamiento, especialmente en contextos de diversidad.

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Formación con impacto territorial y federal

Uno de los aspectos más destacados del curso es su alcance potencial. Al tratarse de una modalidad virtual, se busca que la formación llegue a todos los rincones del país, incluyendo zonas rurales y localidades del interior profundo. Esto permite democratizar el acceso a contenidos actualizados, asegurar una mayor participación y acortar las brechas existentes entre diferentes regiones.

Asimismo, se proyecta que el curso no solo sea útil para profesionales vinculados al sistema educativo, sino también para quienes trabajan en centros CAIF, hogares de cuidado, servicios comunitarios, organizaciones civiles y otras áreas que atienden a niños en la etapa inicial del desarrollo.

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Un paso más hacia una educación sin barreras

La creación de este curso responde a la necesidad de construir entornos educativos realmente inclusivos desde los primeros años, eliminando obstáculos físicos, actitudinales y pedagógicos que limitan el pleno desarrollo infantil. Las primeras experiencias educativas tienen un impacto profundo y duradero en la vida de cada niño y niña, por lo que formar profesionales con una mirada sensible, actualizada y comprometida con la inclusión se vuelve una prioridad.

Este tipo de acciones se inscriben en una política pública que, además de invertir en infraestructura y programas de atención, pone el foco en la formación continua del recurso humano, convencido de que una educación inclusiva no solo es un derecho, sino también una condición indispensable para construir una sociedad más justa y solidaria.

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Inscripciones y proyecciones

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 12 de septiembre a través de los canales oficiales. El curso permanecerá abierto durante tres meses, permitiendo a los participantes organizar su tiempo para completar la formación sin dificultades.

Se espera que esta primera edición tenga una amplia participación, y que se convierta en una propuesta formativa de referencia para el trabajo en la primera infancia en todo el país. A futuro, se prevé ampliar esta línea con nuevos cursos y actualizaciones permanentes, reafirmando el compromiso con una infancia cuidada, respetada y valorada desde el inicio.

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Uruguay Impulsa: Más de 1.000 personas ya se capacitan para trabajar con derechos

Más de mil personas comenzaron su formación para integrarse al programa Uruguay Impulsa.

Con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales y reforzar los derechos sociales de personas en situación de vulnerabilidad, más de mil personas iniciaron esta semana en Montevideo su proceso de capacitación como parte del programa Uruguay Impulsa, una nueva iniciativa del Gobierno nacional que busca sustituir y superar las limitaciones del antiguo sistema de Jornales Solidarios.

El lanzamiento tuvo lugar con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, marcando el punto de partida de una etapa que no solo brinda empleo temporal, sino que apuesta a la inclusión social a través de la formación y el acceso a derechos laborales plenos.

Una estrategia renovada para combatir la desigualdad

Uruguay Impulsa fue diseñado como una herramienta para ofrecer trabajo digno, formación personal y proyección laboral a personas que enfrentan barreras estructurales para acceder al mercado formal de empleo. El programa contempla un total de 5.500 cupos en todo el país, y en esta primera etapa, más de 1.000 seleccionados en Montevideo iniciaron el proceso de inducción y aprendizaje.

A diferencia de anteriores programas sociales centrados en el trabajo eventual, esta iniciativa garantiza seguridad social, cobertura médica por enfermedad, aportes jubilatorios, licencias por maternidad y condiciones laborales más estables. Además, los participantes recibirán una remuneración mensual equivalente a $19.728 por jornadas laborales de seis horas diarias, de lunes a viernes.

Etapas de la capacitación: herramientas para el presente y el futuro

La capacitación que recibirán los beneficiarios se compone de tres módulos progresivos. En primer lugar, se trabajará en la alfabetización digital, conceptos básicos de salud y seguridad laboral, ejes de equidad de género y derechos laborales. En segundo lugar, los participantes desarrollarán competencias transversales como trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos y comunicación efectiva. Por último, se dictarán cursos específicos vinculados a las tareas que realizarán: desde limpieza urbana hasta mantenimiento de espacios públicos, pintura, jardinería, turismo, seguridad vial y producción hortícola.

Este proceso no solo busca que los beneficiarios cumplan una función laboral durante los meses de implementación del programa, sino también que adquieran conocimientos transferibles, capaces de abrir nuevas puertas en el ámbito del empleo formal o el emprendedurismo.

Alta demanda y proceso de selección transparente

La convocatoria nacional generó una respuesta masiva: más de 160.000 personas se inscribieron para participar. Luego de una verificación de datos por parte de organismos públicos, se realizó un sorteo para seleccionar a los beneficiarios que finalmente integrarían el programa.

Una vez realizado el sorteo, cada gobierno departamental comenzó a contactar a los seleccionados para informarles sobre los pasos a seguir y organizar las instancias de capacitación. En Montevideo, el inicio se formalizó con un acto simbólico, pero también con jornadas prácticas que ya comenzaron a desarrollarse en centros de formación.

Inclusión, empleo y dignidad: el corazón del programa

Uruguay Impulsa pone el foco en una población que ha quedado al margen del sistema durante años. Personas con trayectorias laborales interrumpidas, sin cobertura social, sin formación técnica y, muchas veces, sin oportunidades reales de progreso. Este programa no es solamente una fuente de ingresos temporales, sino que representa un puente hacia el desarrollo humano y laboral a mediano plazo.

Uno de los pilares del programa es que cada beneficiario, al finalizar su participación, no solo haya recibido un salario, sino también una experiencia formativa integral y una red de apoyo institucional que le permita seguir avanzando. Es por eso que las capacitaciones incluyen orientación sobre cómo postular a empleos, cómo gestionar emprendimientos personales y cómo mantener vínculos con instituciones de formación continua.

Desafíos y perspectivas

Aunque el lanzamiento del programa representa un avance significativo, también plantea desafíos importantes para su consolidación. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno será clave para asegurar una implementación efectiva en todo el país, especialmente en zonas rurales o con menor infraestructura. También será necesario garantizar que las capacitaciones respondan a las necesidades reales del mercado laboral local.

Además, se plantea la necesidad de realizar un seguimiento a los participantes una vez finalizado el programa, para medir su impacto real en términos de inserción laboral, mejora de ingresos y continuidad educativa. En otras palabras, Uruguay Impulsa se enfrenta al reto de trascender lo asistencial y convertirse en una política pública transformadora.

Una política pública con mirada integradora

El comienzo de esta capacitación representa más que un simple curso de formación: es un símbolo de que el Estado busca estar presente donde más se necesita. La apuesta por el empleo digno, la educación y la inclusión no es menor en un contexto económico aún desafiante, donde la informalidad, el desempleo y la precariedad afectan a amplios sectores de la sociedad.

Con Uruguay Impulsa, se abre un nuevo camino para miles de uruguayos y uruguayas que ven en este programa una posibilidad concreta de cambiar su realidad. El desafío será sostener y potenciar esta herramienta a largo plazo, de modo que no sea solo una medida coyuntural, sino parte de una estrategia sostenida de desarrollo con justicia social.

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Encuentro entre Orsi y Olivera en Montevideo: coordinación entre gobierno e intendencias

Orsi y Olivera almorzaron juntos en Ciudad Vieja en un encuentro político que genera expectativas. 

El presidente de la República, Yamandú Orsi, compartió este viernes un almuerzo con Nicolás Olivera, presidente del Congreso de Intendentes, en el bar Santa Catalina, ubicado en Ciudad Vieja, Montevideo. El lugar se encuentra a pocas cuadras de la Torre Ejecutiva, lo que suma relevancia geográfica al encuentro político.

Un contexto de coordinación institucional

Este encuentro, informal en el formato pero significativo en su contenido institucional, se da en un momento en que el Gobierno y los gobiernos departamentales atraviesan un período de coyuntura marcado por varios temas críticos: presupuestos territoriales, descentralización de servicios, y coordinación en seguridad y obra pública. Al compartir un almuerzo, Orsi y Olivera reafirman canales de comunicación abiertos entre el Poder Ejecutivo y el órgano que representa a las intendencias, lo que puede ser clave para los próximos meses.

¿Por qué en el bar Santa Catalina?

El bar Santa Catalina, en Ciudad Vieja, ha sido tradicional punto de encuentro en Montevideo por su cercanía al epicentro político de la ciudad – la Torre Ejecutiva. Elegir este local —cercano al palacio ejecutivo— sugiere que el almuerzo no fue puramente casual, sino una instancia propicia para tratar asuntos oficiales con discreción y comodidad.

Continuidad de eventos políticos recientes

Orsi y Olivera ya se habían cruzado en una instancia formal hace poco: el presidente recibió a los 19 intendentes en la residencia de Suárez y Reyes, donde se organizó un asado institucional. Esa reunión fue interpretada como un gesto de cortesía política pero también como una señal de que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno será una pieza clave de la gestión. El almuerzo de hoy reafirma esa continuidad.

Posibles temas en la agenda

Aunque no se ha hecho pública una agenda formal del almuerzo, es razonable pensar que se abordaron temas de interés departamental y nacional:

• Financiamiento y recursos para las intendencias
  Las autoridades departamentales han planteado en diversas ocasiones la necesidad de revisar mecanismos de coparticipación presupuestal, y de asegurar transferencias adecuadas para obras locales y servicios sociales.

• Descentralización y gestión territorial
  Con el objetivo de acercar servicios al interior del país, la coordinación entre gobierno central e intendencias es esencial.

• Seguridad, infraestructura y salud pública
  Asuntos consensuados en reuniones previas, que suelen requerir seguimiento concreto, especialmente en zonas con mayor demanda ciudadana.

Implicaciones políticas

Este tipo de encuentros puede tener varios efectos:

• Mensaje de unidad institucional hacia la ciudadanía, mostrando que Ejecutivo e intendencias pueden coordinar sin confrontaciones públicas.

• Preparación para medidas conjuntas que requieran compromisos de varios niveles de gobierno.

• Fortalecimiento del liderazgo local de Olivera, quien como presidente del Congreso de Intendentes tiene un papel relevante al canalizar las preocupaciones departamentales hacia el gobierno nacional.

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Cambio climático: Uruguay se posiciona como referente en América Latina rumbo a la COP30

Uruguay se prepara para la COP30 y reafirma su compromiso con el multilateralismo y el desarrollo sostenible. 

Uruguay ratificó su compromiso con el multilateralismo, la justicia climática y el desarrollo sostenible en el marco de los preparativos para la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El evento se realizará del 10 al 21 de noviembre en la ciudad de Belém, Brasil, y contará con la participación activa del país como coordinador del Grupo SUR.

Durante el lanzamiento oficial de la fase preparatoria, realizado el viernes 12 en la sede de la Cancillería, autoridades nacionales destacaron el rol de Uruguay en la agenda climática regional e internacional. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sostuvo que “Uruguay reafirma su compromiso con una acción climática justa, inclusiva y solidaria”, al tiempo que destacó la trayectoria del país en políticas ambientales y climáticas, iniciadas formalmente en 1994 con la institucionalización de su política climática.

Ortuño remarcó que Uruguay llega a esta instancia con propuestas concretas, basadas en la experiencia y el ejemplo, con la intención de impulsar acuerdos que generen resultados tangibles. A su vez, hizo un llamado a que América Latina y el Caribe actúen de forma coordinada y con una sola voz en la defensa de la justicia climática como eje central hacia un futuro sostenible.

El canciller Mario Lubetkin también enfatizó la relevancia de la acción climática como uno de los ejes transversales de la política exterior uruguaya. “Somos un país pequeño en territorio y población, pero grande, firme y coherente en la defensa de la agenda climática”, expresó, reafirmando la voluntad del país de incidir en los debates globales a través de una postura responsable y coherente.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, subrayó que la COP30 representa una oportunidad clave para que los países del continente avancen en la coordinación de sus agendas climáticas. Según indicó, Uruguay participará activamente, “comprometido con la energía limpia, la inclusión social y una América Latina unida que trabaje en conjunto por un futuro que refleje el potencial de su gente”.

El Grupo SUR y el liderazgo de Uruguay

El Grupo SUR está integrado por Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay, y constituye una plataforma estratégica para la coordinación de posiciones comunes frente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París.

La agenda del grupo abarca temas prioritarios como financiamiento climático, mecanismos de adaptación, pérdidas y daños, transición justa, mercados de carbono, agricultura sostenible y la incorporación de un enfoque de género en las políticas climáticas.

Uruguay asumió formalmente la coordinación del Grupo SUR para el año 2025, con el respaldo unánime de los países miembros. En este marco, lidera actualmente la preparación técnica y diplomática para la participación en la COP30, con el objetivo de lograr consensos regionales que fortalezcan la voz de América del Sur en los foros internacionales.

Además de las autoridades mencionadas, el evento contó con la participación del coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, y de la directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Sousa, quienes destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos multilaterales para hacer frente a los desafíos del cambio climático.

Con esta nueva etapa de preparación, Uruguay busca consolidar su rol como un actor comprometido y propositivo dentro del sistema internacional, aportando a la construcción de soluciones sostenibles con un enfoque regional e inclusivo.

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Crecen las becas estudiantiles en Uruguay: ANEP anuncia 70.000 beneficiarios con Becas Butiá

Becas Butiá beneficiarán a 70.000 estudiantes al cierre del quinquenio, según ANEP.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunció que, al finalizar el actual período de gobierno, el número de estudiantes beneficiados por las becas Butiá alcanzará los 70.000, lo que representa un aumento significativo respecto a los 14.000 jóvenes que accedían a este apoyo económico al comienzo del quinquenio. Así lo informó el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, durante la presentación del Monitor Educativo Liceal.

Este incremento forma parte de un conjunto de medidas que buscan fortalecer la educación media en Uruguay. Según Caggiani, los desafíos que enfrenta este nivel educativo son de carácter estructural, lo que exige una estrategia de abordaje integral por parte de las autoridades. En ese contexto, el aumento de las becas Butiá es una de las acciones incluidas en el presupuesto quinquenal aprobado por el gobierno.

Un apoyo económico para reducir la desvinculación

Las becas Butiá están dirigidas a estudiantes de educación media y consisten en una ayuda económica destinada a favorecer la continuidad educativa, especialmente en sectores con mayores vulnerabilidades. Con la proyección de alcanzar a 70.000 jóvenes, se estima que aproximadamente uno de cada cuatro alumnos del nivel medio estará cubierto por este programa al finalizar el quinquenio.

El objetivo principal de esta política es evitar el abandono educativo por razones socioeconómicas, brindando un respaldo directo que contribuya a la permanencia en el sistema y a la mejora de las condiciones de estudio.

Otras líneas de acción: tiempo pedagógico, alimentación y acompañamiento

Durante la presentación, el titular de ANEP también destacó otras iniciativas complementarias que buscan mejorar el desempeño y la permanencia de los estudiantes. Entre ellas, se subrayó la extensión del tiempo pedagógico, una medida que no solo apunta a ampliar los aprendizajes, sino que también busca generar mayor sentido de pertenencia al centro educativo y fortalecer la continuidad del proceso formativo.

Asimismo, Caggiani mencionó que se duplicará el número de estudiantes que acceden a servicios de alimentación en la educación media básica, una política clave para garantizar condiciones básicas que favorezcan la asistencia regular.

Otro aspecto señalado fue la elaboración de hojas de ruta personalizadas, cuyo propósito es guiar a los estudiantes en su trayectoria educativa, promoviendo la asistencia constante, la finalización de los ciclos educativos y la mejora sostenida en los aprendizajes.

Monitor Educativo Liceal: una herramienta para el análisis y la toma de decisiones

El evento en el que se realizó el anuncio tuvo lugar durante la presentación del Monitor Educativo Liceal, una herramienta de análisis que permite acceder a datos estadísticos actualizados sobre el funcionamiento del sistema educativo en el nivel secundario. Esta plataforma facilita el seguimiento de indicadores clave vinculados a los estudiantes y centros educativos de todo el país.

Además de Pablo Caggiani, participaron en la presentación otras autoridades de la educación, como el director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño; la subdirectora general, Sandra Peña; la coordinadora del Departamento de Estadística, Leticia Marziotte; y el asesor de la Dirección de Planeamiento Educativo, Damián González.

Con este conjunto de políticas y herramientas, ANEP busca profundizar los procesos de inclusión educativa, mejorar los indicadores de egreso y asegurar que más jóvenes uruguayos tengan las condiciones necesarias para culminar sus estudios con éxito.

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Evitar estafas por redes sociales: Ministerio del interior lanza programa para verificar información dudosa

Ministerio del Interior lanza servicio “Verificá” para combatir noticias falsas y prevenir estafas digitales.

El Ministerio del Interior presentó oficialmente su nuevo servicio denominado Verificá, una herramienta destinada a prevenir la circulación de noticias falsas, detectar posibles estafas y analizar información de origen dudoso en el entorno digital. El lanzamiento se realizó el miércoles 10 de septiembre en el stand del ministerio en la Expo Prado 2025, en Montevideo, con la participación de la subsecretaria Gabriela Valverde, según informó la cartera en su sitio web oficial.

Este nuevo canal de verificación es gestionado por la Dirección General del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional, y estará operativo las 24 horas del día. Los usuarios podrán realizar consultas a través de diversos medios de contacto, incluyendo el número de WhatsApp 098 111 911, el correo electrónico verifica@minterior.gub.uy y las redes sociales oficiales del ministerio.

El sistema permite que cualquier ciudadano pueda enviar información sospechosa que haya recibido o visto circular, ya sea en redes sociales, plataformas de mensajería o medios digitales. Un equipo especializado se encarga de analizar cada caso y contrastarlo con fuentes oficiales, como entidades bancarias, organismos del Estado u otras instituciones públicas pertinentes. En caso de que se detecten múltiples denuncias sobre un mismo contenido, este será derivado a la unidad competente para su evaluación y posible intervención.

Además del servicio de verificación directa, el programa Verificá también contempla campañas de concientización y educación digital que serán difundidas a través de los canales del Ministerio del Interior, con el fin de promover una ciudadanía informada y reducir los riesgos de ser víctima de engaños virtuales.

“Nuestro propósito es prevenir delitos y ofrecer a la población información segura y confiable”, afirmó la oficial principal María de los Santos, integrante de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano.

Con esta iniciativa, el Ministerio del Interior busca fortalecer la lucha contra la desinformación y los fraudes digitales, brindando a la ciudadanía herramientas concretas para identificar y detener la propagación de contenidos falsos que puedan derivar en daños económicos o generar alarma social injustificada.

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Más horas en clase: ANEP extenderá la jornada escolar en todo el país

ANEP proyecta duplicar la cobertura de centros con extensión del tiempo pedagógico para 2029. 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó una nueva hoja de ruta que establece como objetivo central duplicar la cantidad de niños y adolescentes que asisten a centros educativos con extensión del tiempo pedagógico en Uruguay. Esta iniciativa, que se implementará entre 2025 y 2029, busca profundizar las oportunidades de aprendizaje y mejorar la equidad en el sistema educativo.

Un plan nacional para ampliar la jornada educativa

El plan fue dado a conocer el lunes 8 de septiembre en la sede central de la ANEP. Bajo el título “Extensión del Tiempo Pedagógico 2025-2029”, la propuesta se enmarca en los 63 compromisos de Gobierno y plantea una transformación progresiva del modelo vigente, que ha funcionado desde hace décadas en modalidades como las escuelas de tiempo completo y los liceos de tiempo extendido.

Actualmente, aproximadamente 50.000 niños cursan su educación en centros con jornada extendida en los niveles de Educación Inicial y Primaria. La meta trazada por la ANEP es alcanzar los 100.000 alumnos en esta modalidad para el año 2029, lo que implicaría un crecimiento del 100% respecto a la cobertura actual.

Además, en lo que respecta a la enseñanza media, el objetivo es contar con un total de 122 centros con jornada ampliada en ese mismo plazo.

Modalidades vigentes y nuevos enfoques comunitarios

En la actualidad, la extensión del tiempo pedagógico en Uruguay se implementa a través de distintos formatos, entre los que se incluyen:

• Escuelas de tiempo completo

• Liceos de tiempo extendido

• Centros Educativos Asociados

• Centros María Espínola

Sin embargo, el nuevo plan propone no solo ampliar estos modelos ya existentes, sino también incorporar nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje que involucren a otros espacios de la comunidad. Entre ellos se destacan clubes deportivos, centros barriales, y lugares dedicados a actividades como la programación, la música, el ajedrez y otras propuestas culturales y recreativas que complementen la formación tradicional.

El presidente del organismo, Pablo Caggiani, subrayó que este proceso representa un reto importante para el sistema educativo nacional. “Le llevó a Uruguay 30 años lograr que una de cada cuatro escuelas de Primaria funcionara con jornada extendida. Ahora debemos acelerar ese crecimiento”, afirmó.

Integración con otras políticas públicas

Durante la presentación, Caggiani insistió en que la política educativa debe articularse con otros ámbitos del desarrollo social. “Tenemos que aprender de nosotros mismos y pensar más allá de la escuela como único espacio de formación. La política educativa también construye comunidad y cohesión social”, señaló.

Por ello, el programa no se limita al aumento de horas de clase, sino que también busca establecer vínculos con políticas públicas complementarias, como la salud, la alimentación, el deporte y la cultura, generando una red de apoyo integral para estudiantes y familias.

Cuatro ejes estratégicos para guiar la transformación

La hoja de ruta de la ANEP establece cuatro ejes fundamentales que orientarán la ampliación del tiempo pedagógico:

1. Equidad educativa: se priorizarán las zonas con mayor vulnerabilidad social y educativa, para reducir brechas y promover mayores oportunidades para todos los estudiantes.

2. Adecuación territorial: se tomará en cuenta la realidad de cada comunidad, adaptando los modelos educativos a las características locales y evitando esquemas uniformes.

3. Alimentación y bienestar: se garantizará el acceso a una adecuada nutrición para los estudiantes que asistan a centros con jornadas extendidas.

4. Participación comunitaria: se fomentará la articulación entre las instituciones educativas y diversos actores sociales, como organizaciones barriales, familiares y actores del tercer sector.

Nuevas herramientas de seguimiento y evaluación

La implementación del plan requerirá también el desarrollo de nuevos sistemas de información, así como herramientas de monitoreo y evaluación que permitan seguir de cerca el avance de las metas propuestas y realizar los ajustes necesarios en función de los resultados obtenidos.

Según los técnicos de ANEP, será fundamental contar con datos actualizados, indicadores precisos y metodologías de evaluación participativas que involucren tanto a educadores como a las comunidades educativas.

Una apuesta a largo plazo por una educación más inclusiva

El aumento del tiempo pedagógico no solo busca extender la cantidad de horas en que los alumnos permanecen en la institución, sino transformar la calidad del tiempo educativo, promoviendo actividades formativas integrales, personalizadas y vinculadas con los intereses y necesidades de cada comunidad.

La apuesta de ANEP representa una política de Estado de mediano y largo plazo, que busca consolidar un modelo de educación pública más inclusivo, equitativo y adaptado a los desafíos del siglo XXI. La ampliación de la jornada escolar se presenta, así, como una herramienta clave para mejorar los aprendizajes, fortalecer el acompañamiento a los estudiantes y garantizar condiciones más igualitarias para el desarrollo pleno de la infancia y la adolescencia en Uruguay.

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Campaña del MTSS y BSE busca reducir siniestralidad laboral en Uruguay

Nueva campaña nacional promueve la cultura de prevención en el ámbito laboral uruguayo. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en conjunto con el Banco de Seguros del Estado (BSE) y con el respaldo de la Presidencia de la República, lanzó una nueva campaña de bien público orientada a fortalecer la cultura de la prevención de riesgos laborales en todos los sectores de actividad. La iniciativa se enmarca en el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, y apunta a reducir los accidentes laborales en Uruguay mediante acciones de concientización, capacitación y fiscalización.

Durante la presentación oficial de los materiales audiovisuales que forman parte de esta campaña, realizada en Montevideo, participaron autoridades nacionales del ámbito laboral y de la seguridad social. Estuvieron presentes el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Luis Puig; la subinspectora Andrea Bouret; y los representantes del BSE, Marcos Otheguy (presidente) y Alfonsina Batalla (vicepresidenta).

Promoción de la percepción del riesgo y cultura de la prevención

La campaña busca fomentar la percepción del riesgo en los entornos laborales, con el objetivo de generar un cambio cultural tanto en empleadores como en trabajadores. En ese sentido, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, expresó que “todos podemos aportar un granito de arena desde nuestro lugar” y lamentó que, en lo que va del año 2025, ya se hayan registrado 36 fallecimientos como consecuencia de accidentes en el trabajo.

Según explicó Sánchez, este tipo de campañas públicas son fundamentales para instalar una conciencia colectiva sobre la necesidad de actuar preventivamente. “Debemos concientizarnos de que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir para mejorar las condiciones de trabajo en el país”, sostuvo.

Coordinación institucional como pilar de la estrategia

Por su parte, el inspector general del Trabajo, Luis Puig, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las diferentes instituciones del Estado para visibilizar la siniestralidad laboral, que muchas veces queda relegada en la agenda pública. “Existe una necesidad imperiosa de vincular la prevención directamente con la actividad laboral”, expresó.

Puig remarcó que esta campaña se integra a una estrategia nacional más amplia, que incluye acciones inmediatas y sostenidas en el tiempo, como la capacitación en salud ocupacional y la fiscalización activa en sectores considerados de alto riesgo. “El objetivo es revertir la baja percepción del riesgo tanto en trabajadores como en empleadores”, añadió.

El rol del BSE y nuevas herramientas para la seguridad laboral

El presidente del Banco de Seguros del Estado, Marcos Otheguy, detalló el aporte del organismo al desarrollo de esta política pública. En primer lugar, mencionó la atención especializada que brinda el hospital del BSE, acreditado a nivel internacional en procesos de rehabilitación laboral, internación y reinserción de trabajadores accidentados.

Asimismo, informó que se está trabajando en el diseño de un Observatorio Nacional de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, el cual estaría operativo en 2026. Esta herramienta permitirá contar con datos actualizados y en tiempo real, lo cual es clave para la toma de decisiones informadas. “Debemos saber qué está pasando y cómo evolucionamos como país para implementar medidas eficaces de prevención”, afirmó Otheguy.

Detalles de la campaña de comunicación

Los materiales audiovisuales de la campaña serán difundidos del 8 al 17 de setiembre en todo el país. Las piezas —cinco en total— se emitirán a través de redes sociales, radios y canales de televisión, con una frecuencia diaria estimada de 15 minutos, de acuerdo con la pauta publicitaria establecida.

El mensaje principal de estas producciones apunta a consolidar una cultura de prevención laboral en todos los sectores de actividad económica, reducir el número de accidentes y promover entornos de trabajo saludables y seguros.

Las estadísticas oficiales muestran que en Uruguay se registran anualmente más de 40.000 accidentes laborales. Además, en promedio, cada diez días fallece un trabajador en funciones. Si se incluyen los accidentes de tránsito ocurridos durante la jornada laboral, la frecuencia de muertes aumenta a una por semana.

Acciones complementarias del MTSS

La campaña se complementa con otras medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo:

• Una gira nacional de capacitaciones para trabajadores y empleadores, con énfasis en la formación en salud y seguridad laboral.

• Fiscalizaciones específicas a cargo de la Inspección General del Trabajo, centradas en sectores críticos como la construcción, la industria manufacturera y la zafra de la caña de azúcar.

• Coordinación permanente con el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat), órgano creado en 2015 y reconocido como pilar fundamental por la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecida en el decreto n.º 246/024 del 9 de setiembre de 2024.

• La campaña de bien público actualmente en ejecución.

Estas acciones parten del principio de que la construcción de espacios laborales seguros y saludables requiere el compromiso de todos los actores involucrados: el Estado, los empleadores, los trabajadores y los profesionales técnicos. Cada uno de ellos tiene funciones y responsabilidades definidas por la normativa vigente.

Canales de contacto para denuncias y consultas

Con el objetivo de facilitar la interacción con la ciudadanía y fortalecer el acceso a la información, el Ministerio de Trabajo dispone de un servicio telefónico gratuito para denuncias y consultas laborales: 0800 7171, disponible de lunes a viernes entre las 09:00 y las 17:00 horas.

También está habilitado el canal de WhatsApp 098 007 171, que permite realizar denuncias de forma accesible, rápida y confidencial. Ambas vías de contacto forman parte de una política de cercanía con la población, orientada a garantizar la protección efectiva de los derechos laborales en todo el territorio nacional.

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Nueva estrategia del MSP busca garantizar derechos sexuales para toda la población

El MSP fortalece la participación interinstitucional en derechos sexuales y reproductivos. 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual, el Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó una nueva sesión de la Comisión Nacional Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas en esta materia. La actividad tuvo lugar en la sede del ministerio, con la participación de autoridades estatales, representantes del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil.

Este espacio tiene como propósito central asesorar al Estado uruguayo en el diseño, implementación y evaluación de políticas orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, sin distinción de género, edad, orientación sexual o situación socioeconómica. También se busca promover la equidad de género, la autonomía personal, el acceso a servicios de salud y la toma de decisiones informadas.

Una agenda común desde la diversidad de actores

Durante esta tercera convocatoria desde su reactivación, los integrantes de la comisión comenzaron a trazar una agenda compartida para trabajar de forma coordinada sobre los principales desafíos en la temática. La instancia funcionó como un ámbito de intercambio entre los distintos sectores involucrados, con énfasis en la construcción participativa de políticas inclusivas.

El subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, valoró especialmente la reanudación del funcionamiento de esta comisión, que había estado inactiva durante el período de gobierno anterior. En su intervención, remarcó que uno de los principales objetivos es poner al día los indicadores y datos generados en los últimos meses, los cuales posicionan a Uruguay como un país con una legislación progresista en este campo, aunque con desafíos persistentes.

“Uruguay ha desarrollado un marco normativo sólido en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, las desigualdades sociales y económicas siguen representando barreras importantes para que estos derechos se ejerzan de forma plena y universal”, explicó el jerarca.

Educación, salud e información: pilares del cambio

Uno de los temas centrales abordados fue la necesidad de realizar transformaciones estructurales en áreas clave como la educación sexual integral, la atención en salud y el acceso a información confiable. En este sentido, Briozzo subrayó la importancia de fortalecer las alianzas interinstitucionales para avanzar en una estrategia coordinada.

“El Estado debe recoger las propuestas de la sociedad civil, potenciarlas y convertirlas en acciones concretas. La participación activa de todos los actores es fundamental para garantizar derechos”, expresó.

El subsecretario también destacó que el MSP trabaja en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en la actualización y fortalecimiento del programa de educación sexual integral, tanto a nivel curricular como extracurricular. Según explicó, durante el gobierno anterior se había identificado un debilitamiento de esta estrategia, por lo que se está impulsando una renovación de contenidos y metodologías.

“Estamos revisando la currícula de formación docente, así como las actividades que se desarrollan dentro y fuera del aula. La educación sexual integral no es solo una herramienta educativa: es una política de prevención, de salud y de garantía de derechos”, enfatizó.

Compromiso del Estado y rol de las familias

Briozzo insistió en que la educación sexual integral es una de las herramientas más efectivas para combatir la violencia de género, prevenir embarazos no deseados y promover relaciones basadas en el respeto y la libertad.

“Las familias cumplen un rol esencial en la formación de las personas, pero el Estado tiene la responsabilidad de establecer una estructura de derechos y educación que abarque a toda la población, sin exclusiones”, afirmó.

El encuentro reafirmó la voluntad del Ministerio de consolidar un modelo de trabajo colaborativo que permita avanzar en la universalización del acceso a derechos sexuales y reproductivos, entendidos como parte integral del bienestar, la salud y la dignidad humana.

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Mes de la Diversidad en Uruguay: inclusión, derechos y lucha contra la discriminación

Uruguay conmemora el Mes de la Diversidad con foco en el respeto, la inclusión y la lucha contra las violencias.

Con el lema “Comunidades diversas: contra todas las violencias”, el gobierno uruguayo dio inicio al Mes de la Diversidad 2025, una instancia clave en la promoción del respeto, la igualdad de derechos y la visibilización de las comunidades LGBTQ+. El acto de lanzamiento fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien destacó la importancia de esta conmemoración tanto para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer y de otras identidades u orientaciones sexuales, como para la sociedad en su conjunto.

Si bien la ceremonia realizada en Montevideo constituyó el lanzamiento oficial, Civila explicó que la campaña ya había comenzado previamente con actividades descentralizadas en distintos puntos del interior del país, lideradas por el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña. Según el ministro, esta estrategia busca incluir a todo el territorio nacional en el proceso de construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia hacia las diversidades.

Promoción de derechos e impulso colectivo

Durante su discurso, Civila subrayó la importancia de reconocer la historia de lucha de las personas LGBTQ+ en Uruguay y el mundo. Reafirmó que, sobre la base de esa memoria colectiva, es necesario construir políticas que promuevan el bienestar y la dignidad humana. “Tenemos que avanzar hacia una sociedad donde no haya muros ni alambrados, donde el amor y la empatía sean motores de nuestras acciones y no los estigmas ni los prejuicios que reproducen formas de violencia estructural”, expresó el jerarca.

Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a comprometerse activamente en el diseño y ejecución de políticas públicas que garanticen igualdad real. Reconoció, además, que muchos de los avances en materia de diversidad e inclusión en Uruguay han sido impulsados por la sociedad civil organizada, y que es imprescindible seguir fortaleciendo esa articulación entre el Estado y las organizaciones comunitarias.

Balance regional y desafíos actuales

Desde una perspectiva más amplia, la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Collette Spinetti, advirtió que en muchos países de América Latina se han observado retrocesos en los derechos y condiciones de vida de las personas LGBTQ+. No obstante, resaltó que Uruguay se mantiene como una referencia positiva a nivel regional e internacional, gracias al reconocimiento legal de derechos fundamentales en los últimos años, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la ley integral para personas trans.

Spinetti enfatizó que el compromiso del gobierno es garantizar el cumplimiento efectivo de todos los derechos conquistados, superando no solo las barreras legales, sino también las culturales y sociales. En ese sentido, instó a que tanto la comunidad LGBTQ+ como la ciudadanía en general sean conscientes del valor de esos derechos, los protejan y se comprometan activamente con su defensa.

Reflexión, oportunidades y políticas concretas

Por su parte, el director nacional de Desarrollo Social, Nicolás Lasa, sostuvo que septiembre debe ser no solo un mes de celebración por los logros alcanzados, sino también un momento de reflexión crítica sobre los desafíos pendientes. “La igualdad debe verse reflejada no solo en las leyes, sino también en la vida cotidiana de las personas”, afirmó. A su juicio, las políticas públicas deben ser diseñadas con una perspectiva transversal de diversidad, involucrando tanto al Estado como a la sociedad civil.

Lasa detalló que el Consejo Nacional de Diversidad Sexual cuenta con una comisión especializada encargada de trabajar temas fundamentales como empleo, salud y educación, que son ámbitos donde persisten mayores obstáculos para las personas LGBTQ+. Subrayó que estas áreas son clave para alcanzar una integración plena y efectiva.

En cuanto al acceso al empleo, el director informó que se han concretado acuerdos con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) para brindar instancias de capacitación específicas, buscando mejorar las oportunidades laborales para personas LGBTQ+. También se trabaja de forma articulada con el sistema educativo para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas, especialmente para las personas trans.

Aunque reconoció que los cupos laborales dentro del Estado aún no alcanzan los niveles deseados, destacó que ya se han generado más de un centenar de oportunidades laborales mediante el programa Uruguay Impulsa, orientado a promover la inclusión sociolaboral.

Fondos para iniciativas y agenda de largo plazo

Entre las acciones previstas para este Mes de la Diversidad, se encuentra el lanzamiento de fondos concursables destinados a proyectos socioculturales que fomenten la construcción de comunidades diversas y resilientes. Esta iniciativa busca promover expresiones culturales, artísticas y educativas que contribuyan a fortalecer el respeto, la convivencia y la integración social.

Además, se prevé la realización de una convocatoria abierta para diseñar una agenda nacional de diversidad que abarque el actual período de gobierno. Esta agenda buscará sistematizar líneas de acción, metas e indicadores que permitan monitorear los avances y desafíos en materia de inclusión de las diversidades en Uruguay.

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BPS devuelve más de 7.700 millones por excedente Fonasa: consulta si te corresponde

BPS devolverá más de 7.700 millones de pesos por excedente Fonasa a más de 155.000 personas.

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que a partir del próximo 22 de septiembre de 2025, comenzará a realizar la devolución del excedente de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondiente al ejercicio 2024. La medida beneficiará a más de 155.000 trabajadores, jubilados y pensionistas, quienes recibirán un monto total superior a 7.700 millones de pesos uruguayos.

¿Quiénes tienen derecho a la devolución del excedente Fonasa 2024?

El reintegro de estos fondos corresponde a las personas cuyos ingresos mensuales nominales durante el año 2024 superaron ciertos topes establecidos por la normativa vigente.

• En el caso de trabajadores activos, el promedio mensual debe haber sido superior a 113.167 pesos nominales.

• Para jubilados o pensionistas, el umbral de ingresos promedio se sitúa en 122.598 pesos nominales.

Cuando los aportes realizados al Fonasa exceden el tope legal, el sistema prevé una devolución del excedente al contribuyente.

¿Cómo saber si corresponde recibir la devolución del Fonasa?

Desde el lunes 8 de septiembre, los ciudadanos podrán consultar si les corresponde la devolución ingresando al sitio web oficial del BPS.
Existen varias formas de acceder a esta información:

• Usuarios registrados en el sistema del BPS con usuario personal podrán consultar el monto específico ingresando al servicio en línea “Consultar detalle de devolución Fonasa”.

• Personas sin usuario personal pueden realizar la consulta por diferentes vías:

  • Teléfono gratuito: 0800 2016

  • WhatsApp: enviando un mensaje al número 092 366 272

  • Página web: ingresando a la opción “Consulta de devolución Fonasa: ¿Estoy comprendido?”

Estas plataformas permiten verificar rápidamente si el titular tiene un saldo a favor y cuál es el monto correspondiente a devolver.

¿Cómo y cuándo se realizará el pago?

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, confirmó públicamente que el organismo estatal procederá a reintegrar una cifra total que supera los 7.700 millones de pesos uruguayos, en el marco del proceso habitual de devolución del Fonasa.

Las personas que tienen una cuenta bancaria previamente registrada y vinculada al BPS recibirán el depósito automáticamente el día 22 de septiembre. Este procedimiento busca facilitar el cobro y evitar aglomeraciones en los locales de pago.

Por otro lado, quienes no hayan realizado la asociación bancaria podrán cobrar el dinero de forma presencial entre el 22 y el 26 de septiembre, en función del último dígito de su cédula de identidad. Los puntos habilitados para realizar el retiro son:

• Locales de pago: Abitab y Redpagos

• Supermercados: cadena El Dorado

• Instituciones de asistencia: ANDA

• Oficinas del BPS: sede central en Montevideo

El cronograma exacto para el pago presencial será publicado por el BPS con suficiente antelación y estará disponible en su sitio web.

¿Por qué se devuelve el excedente del Fonasa?

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es el sistema que financia la cobertura sanitaria del país, mediante aportes que realizan tanto empleadores como trabajadores. Cuando los ingresos de una persona superan los topes definidos, y por ende los aportes realizados son mayores a lo legalmente exigido, el sistema prevé su devolución parcial o total.

Este procedimiento se realiza cada año, y forma parte de un mecanismo de ajuste automático que garantiza la equidad en la distribución de los fondos de la seguridad social.

Recomendaciones del BPS para evitar demoras

El BPS recomienda a todos los usuarios que aún no han vinculado una cuenta bancaria que lo hagan antes del 22 de septiembre para agilizar el cobro y evitar desplazamientos innecesarios. El trámite puede realizarse desde la web del BPS o en forma presencial en sus oficinas.

Además, sugiere que los usuarios consulten previamente si tienen saldo a favor antes de concurrir a los locales de pago.

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Resumen clave:

• Más de 155.000 personas recibirán devolución del excedente Fonasa 2024.

• Monto total a devolver: más de 7.700 millones de pesos.

• Consulta disponible desde el 8 de septiembre vía web, teléfono o WhatsApp.

• Cobro por depósito bancario el 22 de septiembre.

• Cobro presencial entre el 22 y el 26 de septiembre, según el dígito de la cédula.

• Beneficiarios: trabajadores con ingresos promedio superiores a $113.167 y jubilados con ingresos mayores a $122.598.

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"Uruguay es el mejor país": estabilidad económica y política

Uruguay: el único país latinoamericano sin expresidentes con causas judiciales, según CNN.

Un reciente informe de la cadena internacional CNN destacó a Uruguay como el único país de América Latina en el que ningún expresidente enfrenta causas judiciales, resaltando su excepcionalidad en la región en términos de salud institucional y calidad democrática.

CNN señala a Uruguay como “la excepción a la regla” en América Latina

En un análisis publicado este martes, CNN señaló que Uruguay representa “la excepción a la regla” en América Latina, al no contar con antecedentes judiciales entre sus mandatarios, ni en ejercicio ni retirados. Esta particularidad fue presentada como evidencia de una cultura política distinta, donde el respeto a las normas democráticas y al uso responsable de los recursos públicos parece estar profundamente arraigado.

La cadena internacional también argumentó que la creciente cantidad de procesos judiciales contra presidentes y expresidentes en otras partes de la región no debería interpretarse como un fortalecimiento de la democracia, como suelen afirmar ciertos analistas y actores políticos, sino como un síntoma de deterioro institucional. En este sentido, Uruguay se posiciona como un caso contrario, donde la estabilidad política y la transparencia institucional prevalecen sin necesidad de juicios mediáticos o escándalos judiciales.

Reconocimiento en rankings internacionales de calidad democrática

CNN complementó su análisis con datos del Índice de Democracia 2024, elaborado por The Economist Intelligence Unit, donde Uruguay se ubicó en el puesto 15 a nivel mundial, siendo el país latinoamericano mejor posicionado. Este índice califica a Uruguay como la única “democracia plena” de América Latina, superando a Chile, que figura en el puesto 29.

El Democracy Index evalúa aspectos clave del funcionamiento democrático, tales como los procesos electorales, el pluralismo político, la calidad del gobierno, la participación ciudadana, la cultura política y las libertades civiles. La destacada posición de Uruguay en este ranking internacional refuerza la percepción de que el país mantiene estándares democráticos sólidos y consistentes.

Cultura política uruguaya: austeridad y responsabilidad en la gestión pública

El informe incluyó declaraciones del politólogo Ángel Arellano, doctor en ciencia política y docente de la Universidad Católica, quien subrayó elementos culturales clave que diferencian a Uruguay de otros países de la región. En su análisis, destacó que en el país existe una fuerte tradición de respeto por los recursos públicos, tanto por parte de la ciudadanía como de sus gobernantes.

“En Uruguay, lo habitual es que los altos funcionarios utilicen sus propios vehículos y residan en sus hogares habituales. No hay grandes privilegios, especialmente si se los compara con otros países de América Latina”, expresó Arellano.

También explicó que si bien los jerarcas tienen sueldos relativamente altos, mantienen prácticas cotidianas marcadas por la austeridad y la cercanía con la ciudadanía. “Es normal ver a un ministro caminando por la avenida entre oficinas, o a un parlamentario manejando su auto personal hacia el Parlamento. No hay choferes ni secretarios personales, mucho menos helicópteros, como sí se observa en países vecinos como Argentina”, detalló.

Arellano concluyó que esta sencillez en el ejercicio del poder no solo responde a la escala reducida de Uruguay o al tamaño de su economía, sino a una cultura política particular, basada en la moderación, la transparencia y la responsabilidad institucional.

Un modelo observado desde el exterior

La imagen de Uruguay como una democracia estable, institucionalmente sólida y con niveles relativamente bajos de corrupción, continúa ganando visibilidad en la comunidad internacional. En tiempos en que varios países de la región enfrentan crisis de gobernabilidad, investigaciones judiciales a líderes políticos y desconfianza ciudadana, el caso uruguayo aparece como un modelo a observar y, en muchos aspectos, a imitar.

Si bien ningún sistema está exento de críticas o desafíos, Uruguay ha logrado mantener una reputación de integridad política sostenida en el tiempo, con mecanismos de control institucional eficaces y una ciudadanía activa que defiende sus valores democráticos

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Nueva propuesta del Congreso de Intendentes plantea modificar ley de ingresos públicos

Congreso de Intendentes propone modificar ley sobre ingreso de funcionarios departamentales.

El Congreso de Intendentes fue recibido recientemente por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para presentar su postura respecto al proyecto de ley que regula el ingreso de personal a los gobiernos departamentales. En este marco, los jerarcas departamentales entregaron una propuesta alternativa de siete artículos, elaborada en consenso por todas las intendencias del país, con el objetivo de introducir modificaciones al texto ya aprobado por la Cámara de Representantes.

El proyecto en discusión —denominado formalmente “Personal Presupuestado o Contratado de los Gobiernos Departamentales”— busca establecer criterios más uniformes y transparentes para la contratación de funcionarios en las intendencias. Sin embargo, desde el Congreso de Intendentes se plantea que la versión aprobada en Diputados no contempla adecuadamente ciertos aspectos fundamentales para el funcionamiento operativo de las administraciones departamentales, especialmente en lo que refiere a la designación de cargos de confianza.

Según señalaron los intendentes ante la comisión parlamentaria, la iniciativa original presenta ambigüedades sobre la potestad que tienen los jefes departamentales para contratar directamente a personal de confianza, como los directores generales, asesores o cargos similares, los cuales suelen ser nombrados por razones políticas y de confianza directa, y no mediante procesos de concurso o llamados públicos.

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, actual intendente de Paysandú, expresó que los cargos de confianza están contemplados en los estatutos funcionales de cada departamento, debidamente aprobados por las Juntas Departamentales y avalados a través de los presupuestos quinquenales. En ese sentido, cuestionó que estos puestos deban ser sometidos a llamados públicos o concursos de oposición y méritos, al considerar que “no parece muy lógico que esos cargos de confianza, previstos en los estatutos, sancionados y aprobados por presupuesto y por la Junta Departamental, tengan que ser llenados por un llamado, un concurso de oposición y mérito”.

La propuesta presentada por el Congreso de Intendentes busca introducir mayor claridad normativa, preservando el espíritu de profesionalización del servicio público sin afectar la facultad de los intendentes para estructurar sus equipos de gestión. A su vez, se pretende asegurar que los mecanismos de ingreso a los cargos permanentes continúen siendo transparentes y competitivos, respetando los principios de mérito, idoneidad y publicidad.

El debate sobre este proyecto se enmarca en un contexto nacional de revisión de normas de ingreso a la función pública, tanto a nivel del Estado central como en los gobiernos departamentales. En ese proceso, uno de los principales desafíos es equilibrar el principio de transparencia y acceso equitativo con la necesidad de preservar márgenes de autonomía para que las intendencias puedan funcionar con agilidad y confianza en sus cuadros directivos.

Actualmente, la Comisión de Constitución del Senado se encuentra analizando tanto el texto original aprobado por la Cámara de Diputados como las modificaciones sugeridas por el Congreso de Intendentes. Se espera que en las próximas semanas se definan ajustes al articulado, considerando los planteos realizados por los gobiernos departamentales.

El tema seguirá en agenda parlamentaria, dado su impacto directo en la gestión de recursos humanos dentro de los gobiernos locales y en la estructura organizativa de cada intendencia. El objetivo final será alcanzar una ley equilibrada que garantice eficiencia administrativa, transparencia en los procesos de ingreso y el adecuado ejercicio de la autonomía departamental establecida en la Constitución.

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Consumo de alcohol en jóvenes uruguayos: se busca nueva regularización

Presentaron resultados de la X Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. 

En el marco de las políticas públicas orientadas a la salud y el bienestar de la población adolescente, el Gobierno de Uruguay anunció nuevas acciones para retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol, cannabis y bebidas energizantes, sustancias cuyo uso se encuentra cada vez más extendido entre los jóvenes.

Durante un evento realizado por la Junta Nacional de Drogas (JND), se presentaron los resultados de la X Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, llevada adelante por el Observatorio Uruguayo de Drogas. Esta investigación constituye una herramienta clave para la toma de decisiones basadas en evidencia y para el diseño de intervenciones preventivas.

Participaron en la presentación el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani; el secretario general de la JND, Gabriel Rossi; la directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Eugenia Godoy; y el vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Mauricio Fuentes.

Consumo temprano de sustancias legales: una problemática creciente

Durante su intervención, Pablo Caggiani destacó la importancia de los datos recolectados por la encuesta, señalando que aportan elementos fundamentales para la formulación de políticas públicas educativas y sanitarias. Subrayó la necesidad de que el sistema educativo desempeñe un rol activo en la protección de los adolescentes frente al uso de sustancias, haciendo especial énfasis en el desafío de postergar el primer contacto con el alcohol.

“El principal problema está en el consumo de las drogas legales”, remarcó Caggiani, en alusión al uso de alcohol y bebidas energizantes, las cuales son de fácil acceso para los adolescentes y suelen normalizarse socialmente, a pesar de sus riesgos.

Por su parte, Gabriel Rossi afirmó que todo consumo en la adolescencia afecta negativamente el desarrollo integral de los jóvenes. En este sentido, sostuvo que el adolescente debe ser visto como “sujeto de derecho” y no como objeto de control.

Rossi también adelantó que desde la JND se está trabajando en el diseño de un Sistema Nacional de Prevención, que tendrá como una de sus primeras acciones el lanzamiento, antes de fin de año, de una campaña de concientización dirigida a adolescentes, enfocada en el consumo de alcohol, cannabis y bebidas energizantes.

Características y resultados de la encuesta

El estudio abarcó a adolescentes escolarizados de entre 13 y 17 años, residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes en todo el territorio nacional. El trabajo de campo se realizó entre el 26 de septiembre y el 1.º de noviembre de 2024, e incluyó a 5.067 estudiantes de 101 centros educativos (públicos, privados y de educación técnica), distribuidos en 302 clases.

Entre los principales resultados, se destaca que:

• El 82% de los adolescentes encuestados manifestó haber consumido alcohol alguna vez en su vida.

• El 67% lo hizo en el último año y el 42% en el último mes.

• La edad promedio de inicio en el consumo de alcohol es de 13 años.

• El consumo de alcohol es más alto en mujeres que en varones y más frecuente en el interior del país que en Montevideo.

En cuanto al uso de bebidas energizantes, la encuesta arrojó que:

• Un 82% de los estudiantes las ha probado alguna vez.

• El 66% las consumió durante el último año, y el 37% en el último mes.

• Se detectó un aumento en el consumo respecto a la edición anterior de 2021, especialmente entre menores de 15 años, lo que convierte a estas bebidas en las más usadas por ese grupo etario.

Respecto al tabaco (cigarrillos convencionales):

• El 14% de los encuestados declaró haberlo consumido en el último año.

• Se mantiene la tendencia descendente en comparación con años anteriores.

• Las mujeres presentan un mayor consumo que los varones en esta sustancia.

En relación al cannabis (marihuana):

• Uno de cada cinco estudiantes dijo haberla probado alguna vez en su vida.

• El 15% afirmó haberla consumido en los últimos 12 meses.

Una mirada integral: desafíos de salud pública y educación

Los datos obtenidos permiten observar una realidad preocupante en relación con la temprana exposición a sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. En especial, el inicio precoz en el consumo de alcohol y bebidas energizantes plantea desafíos que trascienden al sistema de salud, involucrando también a la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación y toda la sociedad.

El gobierno apuesta por una estrategia de prevención sostenida, que combine campañas de concientización, fortalecimiento de políticas educativas y acciones comunitarias que promuevan entornos protectores para niños, niñas y adolescentes.

Desde la JND se insiste en la importancia de trabajar de forma interinstitucional y participativa, abordando el fenómeno del consumo problemático desde un enfoque de derechos, salud y desarrollo humano.

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Nuevo presupuesto nacional 2025-2029: foco en obras públicas, niñez y reforma fiscal

Ejes del presupuesto quinquenal: crecimiento económico, equidad social y seguridad. 

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó recientemente una nueva sesión del Consejo de Ministros, donde se presentó oficialmente el proyecto de presupuesto quinquenal que regirá los próximos cinco años de gestión. El documento, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece las prioridades del Gobierno nacional en materia de inversión pública, desarrollo social, sostenibilidad fiscal y seguridad ciudadana.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, brindó detalles sobre el contenido del presupuesto, que proyecta un incremento acumulado de 960 millones de dólares al cierre del período, previsto para 2029. La iniciativa busca establecer una hoja de ruta realista y estructurada para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en áreas clave para el desarrollo del país.

Enfoque estratégico: prioridades definidas

Según explicó el ministro Oddone, el presupuesto quinquenal se construyó con base en tres pilares fundamentales: el crecimiento económico acompañado de mayores niveles de inversión, la disminución de las desigualdades sociales y territoriales, y el fortalecimiento tanto del sistema de protección social como de la seguridad pública.

Estos ejes orientadores responden a una visión integral del desarrollo, en la que se combinan políticas económicas y sociales para generar resultados sostenibles a mediano y largo plazo. El presupuesto también incorpora principios de responsabilidad fiscal, transparencia institucional y eficiencia en la ejecución del gasto, atendiendo al contexto de restricciones presupuestales que enfrenta el país.

Estructura del presupuesto: asignaciones y obras

El proyecto presupuestal contempla dos componentes principales. Por un lado, se incluyen asignaciones incrementales que comenzarán con un monto de 140 millones de dólares en 2026 y crecerán progresivamente hasta alcanzar los 240 millones hacia el final del período. Estas asignaciones estarán orientadas, en un 40%, a programas de apoyo a la infancia y la adolescencia. Otros destinos importantes serán la seguridad pública (12%), salud (12%), fomento del crecimiento económico (12%), y atención a situaciones de vulnerabilidad social (10%), entre otros sectores.

Por otro lado, se destinarán 700 millones de dólares anuales para la ejecución de nuevas obras públicas, con impacto directo en infraestructura y servicios estratégicos. Entre las principales iniciativas figuran la construcción de una represa en Casupá, una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, centros de rehabilitación para personas privadas de libertad, hospitales, y obras de mejora en la red vial nacional. Estas inversiones buscan estimular la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida en todo el territorio.

Reforma de la regla fiscal y metas macroeconómicas

El contexto económico actual está marcado por altos niveles de restricción fiscal, lo que representa un desafío significativo para el inicio del nuevo período de gobierno. Oddone destacó que se trata del mayor nivel de restricción desde 1995, lo cual exige la formulación de un nuevo marco de convergencia fiscal.

En este sentido, se propone una nueva regla fiscal, basada en una meta unidimensional centrada en el nivel de deuda pública de mediano plazo, establecida en un máximo del 65% del Producto Bruto Interno (PBI). A diferencia del modelo anterior, esta regla no establece límites directos al gasto, sino que define metas operativas sobre el resultado fiscal estructural y el nivel de endeudamiento, evitando enfoques que, según el Gobierno, responden a concepciones ideológicas con las que no se identifica.

Con la implementación de esta nueva regla fiscal, el Ejecutivo espera lograr una mejora del resultado fiscal de 1,5 puntos porcentuales durante el período 2025-2029.

Aumento de ingresos: eficiencia y adecuaciones tributarias

Para sustentar el incremento de recursos previstos, el Gobierno plantea dos vías principales: un mejor desempeño en la eficiencia del gasto público y una serie de reformas tributarias que buscan ampliar la base impositiva, reducir la evasión y adaptar el sistema fiscal a los estándares internacionales.

Entre las principales medidas tributarias se destacan:

• Adhesión al impuesto mínimo global: permitirá a Uruguay captar impuestos que actualmente se tributan en el extranjero por empresas multinacionales con actividad local.

• Revisión del tratamiento fiscal de la ganancia de capital, asegurando un trato equitativo entre inversiones locales y extranjeras.

• Cláusula antiabuso, destinada a evitar que empresas que compran y venden activos dentro del país escapen al pago de tributos.

• Reforma al régimen de envíos exprés: se establecerá un gravamen del 22% sobre las compras realizadas por esta vía (con excepción de las efectuadas en Estados Unidos), se limitarán a tres adquisiciones anuales por persona, y se elevará el tope por compra a 800 dólares.

Estas medidas, explicó Oddone, se orientan a garantizar mayor justicia fiscal y a generar nuevas fuentes de ingreso sin comprometer la competitividad del país.

Una propuesta con visión de futuro

Finalmente, el ministro Gabriel Oddone calificó al proyecto como un “presupuesto audaz”, que introduce cambios innovadores en la estructura tributaria y permite dotar de contenido a los compromisos programáticos del Gobierno.

El documento será remitido al Parlamento el domingo 31 de agosto para su análisis y eventual aprobación. Su discusión marcará el inicio de un nuevo ciclo de planificación financiera y política pública, en el que el Ejecutivo buscará compatibilizar los objetivos de crecimiento, equidad y estabilidad fiscal.

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