Uruguay establece por ley un plazo de dos años para universalizar los cuidados paliativos.
El gobierno uruguayo da un paso histórico en el reconocimiento del derecho a una muerte digna, obligando a todo el sistema de salud a ofrecer una atención integral al paciente con enfermedades graves y al final de la vida.
El Presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó este jueves un decreto que marca un antes y un después en la calidad de la atención sanitaria en Uruguay: a partir de ahora, todos los prestadores de salud, tanto públicos como privados, dispondrán de un plazo máximo de dos años para integrar y ofrecer de forma obligatoria servicios de cuidados paliativos en sus instituciones. La medida, que fue anunciada en un acto realizado en la Torre Ejecutiva, busca garantizar el derecho constitucional a la salud y asegurar una atención compasiva, integral y de calidad para todas las personas que enfrentan enfermedades avanzadas, graves y limitantes de la vida.
El decreto, desarrollado en consonancia con la Ley Nº 20.193 que consagra el derecho a los cuidados paliativos, establece que las instituciones deberán contar con equipos interdisciplinarios capacitados para aliviar el sufrimiento físico, como el dolor y otros síntomas angustiantes, así como para brindar apoyo psicológico, social y espiritual tanto a los pacientes como a sus familias. “Hoy estamos dando un paso más en la humanización de la salud. No se trata solo de curar, sino de cuidar. De acompañar con dignidad y aliviar el sufrimiento cuando la curación no es posible”, afirmó el Presidente Lacalle Pou durante su alocución. La normativa especifica que estos cuidados deben ser accesibles en todos los niveles de atención, desde la internación hasta la atención domiciliaria, asegurando la continuidad de los tratamientos.
Un cambio de paradigma en el sistema sanitario
Esta decisión sitúa a Uruguay a la vanguardia en la región en materia de derechos sanitarios y se enmarca en una tendencia global que reconoce los cuidados paliativos como un componente esencial de la cobertura universal de salud. Hasta ahora, el acceso a estos servicios era irregular y dependía en gran medida de la institución a la que estuviera afiliado el paciente, generando inequidades. Con la nueva reglamentación, se unifica la respuesta del sistema, obligando a una transformación profunda en la organización y la cultura de las prestadoras. El Ministerio de Salud Pública (MSP) será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento del plazo y de brindar las directrices técnicas para la implementación de los servicios.
La puesta en marcha de esta normativa requerirá una fuerte inversión en capacitación del personal de salud y en la adaptación de la infraestructura existente. Expertos en bioética y derechos humanos han celebrado la medida, destacando que no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también representa un avance civilizatorio. “Esto va más allá de una política sanitaria; es una reafirmación de la autonomía del paciente y del compromiso del Estado de no abandonar a las personas en las etapas más vulnerables de la vida”, señaló un representante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Paliativa. Con este plazo perentorio de 24 meses, Uruguay se compromete a cerrar una brecha histórica y a consolidar un sistema de salud más justo y humano para todos sus ciudadanos.
