La Justicia rechazó los recursos de la Intendencia de Paysandú y Nicolás Olivera deberá comparecer ante el Juzgado.
La jueza de Paz Departamental, Ana Lucía Hidalgo, desestimó los recursos presentados por la Intendencia de Paysandú (IDP) en el marco del juicio iniciado por Elen Sosa, quien reclama haber sido despojada de un terreno ubicado sobre una calle paralela a la Avenida de las Américas y Bulevar Artigas. La resolución judicial implica que el intendente Nicolás Olivera, citado en dos oportunidades anteriores, deberá presentarse finalmente a declarar ante el Juzgado.
Los recursos rechazados incluían una reposición, una ampliación en subsidio y un pedido de nulidad, todos interpuestos por el equipo jurídico de la Intendencia con el propósito de evitar la comparecencia del jefe comunal. Sin embargo, la magistrada entendió que no había fundamentos suficientes para suspender el proceso ni alterar las citaciones previas, reafirmando así la obligación de que Olivera brinde su testimonio dentro del expediente.
La causa judicial se originó por una denuncia de despojo de propiedad presentada por la ciudadana Elen Sosa, quien sostiene que la Intendencia habría actuado de manera irregular al tomar posesión del terreno que ella ocupaba. El conflicto tomó notoriedad pública al involucrar directamente al intendente, quien además preside el Congreso Nacional de Intendentes, cargo que le ha demandado presencia frecuente en distintos puntos del país.
La primera audiencia había sido fijada para el 31 de julio, pero Olivera no se presentó alegando compromisos oficiales fuera del departamento. Posteriormente, la Justicia reprogramó la instancia para el 15 de agosto. Ese mismo día, la Intendencia presentó los recursos que ahora fueron desestimados por la jueza Hidalgo, lo que dilató el proceso durante varias semanas.
Con esta resolución, el expediente vuelve a avanzar y se espera que en los próximos días se comunique una nueva fecha de audiencia. Aunque el fallo no implica una sanción ni un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, marca un punto importante dentro del proceso judicial, ya que reafirma la obligación de las autoridades departamentales de responder ante la Justicia cuando son citadas.
El caso ha generado atención tanto en el ámbito político como entre los vecinos de Paysandú, quienes siguen de cerca el desarrollo del conflicto. Desde la Intendencia aún no se ha emitido una declaración oficial sobre la decisión judicial ni sobre los pasos a seguir por parte de su equipo jurídico.
La comparecencia del intendente ante el Juzgado será determinante para definir los próximos movimientos en la causa, que podría tener implicancias administrativas y políticas dentro del gobierno departamental. Mientras tanto, el expediente continúa bajo la órbita del Juzgado de Paz, a la espera de que se confirme la nueva citación para la declaración de Nicolás Olivera.
