Uruguay avanza hacia un nuevo umbral legal: la eutanasia es ley.
Concluyó una jornada histórica en el Parlamento uruguayo: la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley “Muerte Digna”, mediante el cual Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por vía legislativa.
La votación final en el Senado arrojó 20 votos a favor contra 11 en contra, luego de más de diez horas de debate intenso entre posturas que recorrieron aristas médicas, éticas, religiosas y sociales. Con ese respaldo, el proyecto descansa ahora en la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para su puesta en marcha efectiva.
Antecedentes y recorrido legislativo
El texto fue aprobado por la Cámara de Representantes en agosto de 2025 con 64 votos a favor y 29 en contra, superando el piso necesario para su sanción inicial. En aquel debate, una de las claves fue una enmienda que facultaba la intervención de una junta médica en caso de desacuerdo entre los dos profesionales que evaluarían la solicitud.
El proyecto venía siendo debatido desde años atrás. Originalmente impulsado en 2020 por el diputado colorado Ope Pasquet, su avance se topó con barreras en el Senado durante legislaturas anteriores. Durante el proceso, el texto fue votado en comisión en la Cámara de Diputados, con apoyos del Frente Amplio y del Partido Colorado. El debate fue amplio: más de 60 organizaciones participaron de audiencias en comisiones parlamentarias.
En cuanto al marco legal previo, el Código Penal no contemplaba explícitamente la eutanasia, y el artículo 315 sancionaba a quien “determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo”, con penas de hasta seis años de prisión. Además, desde 2009 existe en Uruguay la ley de “voluntad anticipada” (también llamada ley del buen morir), que permite rechazar tratamientos en personas mayores y psíquicamente aptas, pero no habilita la eutanasia.
¿Quiénes podrán acceder a la eutanasia según la nueva ley?
El texto aprobado fija criterios estrictos y salvaguardas para evitar abusos. Algunos de los puntos más destacados son:
Solo las personas mayores de edad con capacidad psíquica plena podrán solicitarlo.
Se exige que padezcan enfermedades incurables o irreversibles o sufrimientos que consideren intolerables, sin alternativas terapéuticas que mitiguen su situación.
La solicitud tendrá que tramitarse mediante procedimientos con profesionales de la salud, entrevistas, testigos y posibilidad de retracto.
Se creará una Comisión Honoraria de Revisión para supervisar los casos, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública.
Todos los prestadores de salud, públicos y privados, deberán ofrecer el servicio una vez que la ley esté reglamentada.
La normativa no contempla ciertas figuras como el suicidio asistido o la eutanasia para menores, quedando fuera de su alcance.
Reacciones: celebración, cautela y oposición
La aprobación fue saludada por sectores progresistas y defensores de los derechos humanos como un salto hacia la autonomía individual y el reconocimiento del sufrimiento como dimensión legítima de la vida. “Es una ley de compasión, muy humana, correctamente redactada”, expresó Beatriz Gelós, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y fue una de las voces emblemáticas del debate.
El respaldo no fue exclusivo del oficialismo: al menos dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional votaron a favor. Además, el principio de la secularización del país y la estabilidad de los avances sociales precedentes (como el aborto, el matrimonio igualitario y la ley trans) le aportan un contexto favorable.
No obstante, la Iglesia Católica se pronunció con contundencia contra la iniciativa, calificándola de ética y moralmente “inaceptable” y advirtiendo sobre riesgos para los más vulnerables. También hay voces que piden reforzar los cuidados paliativos en todo el territorio nacional antes de habilitar el derecho a morir asistido.
Significado regional y global
Este paso convierte a Uruguay en un referente en América Latina en materia de regulación de la eutanasia por ley. Aunque Colombia y Ecuador ya habían autorizado o despenalizado la eutanasia, lo hicieron mediante fallos judiciales o reformas constitucionales. Uruguay marca la primera vez que la región cuenta con una ley plenamente aprobada por el Parlamento para este fin.
A nivel global, el país se suma al reducido grupo de gobiernos que han regulado el derecho a morir dignamente, integrando una lista donde figuran naciones como Países Bajos, Bélgica, España, Canadá y Nueva Zelanda.
Desafíos por venir: reglamentación y garantías prácticas
Aprueban la ley, pero queda el paso clave: definir cómo se pondrá en práctica. El Poder Ejecutivo tiene un plazo para reglamentarla y fijar protocolos claros. Es inminente que surjan discusiones técnicas sobre cómo garantizar el acceso equitativo en todo el país, asegurar infraestructura médica suficiente, formar profesionales competentes y fortalecer la supervisión para evitar abusos.
Otro interrogante es el “turismo eutanásico”: algunas voces del debate advirtieron que permitir el acceso a extranjeros o personas sin residencia podría convertir al país en destino de quienes buscan este mecanismo. Además, la vivencia ética y afectiva de quienes padecen sufrimientos extremos seguirá siendo un terreno de controversia que no puede resolverse solo con normas.
