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Nueva estrategia del MSP busca garantizar derechos sexuales para toda la población

Leonel Briozzo

El MSP fortalece la participación interinstitucional en derechos sexuales y reproductivos. 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual, el Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó una nueva sesión de la Comisión Nacional Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas en esta materia. La actividad tuvo lugar en la sede del ministerio, con la participación de autoridades estatales, representantes del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil.

Este espacio tiene como propósito central asesorar al Estado uruguayo en el diseño, implementación y evaluación de políticas orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, sin distinción de género, edad, orientación sexual o situación socioeconómica. También se busca promover la equidad de género, la autonomía personal, el acceso a servicios de salud y la toma de decisiones informadas.

Una agenda común desde la diversidad de actores

Durante esta tercera convocatoria desde su reactivación, los integrantes de la comisión comenzaron a trazar una agenda compartida para trabajar de forma coordinada sobre los principales desafíos en la temática. La instancia funcionó como un ámbito de intercambio entre los distintos sectores involucrados, con énfasis en la construcción participativa de políticas inclusivas.

El subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, valoró especialmente la reanudación del funcionamiento de esta comisión, que había estado inactiva durante el período de gobierno anterior. En su intervención, remarcó que uno de los principales objetivos es poner al día los indicadores y datos generados en los últimos meses, los cuales posicionan a Uruguay como un país con una legislación progresista en este campo, aunque con desafíos persistentes.

“Uruguay ha desarrollado un marco normativo sólido en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, las desigualdades sociales y económicas siguen representando barreras importantes para que estos derechos se ejerzan de forma plena y universal”, explicó el jerarca.

Educación, salud e información: pilares del cambio

Uno de los temas centrales abordados fue la necesidad de realizar transformaciones estructurales en áreas clave como la educación sexual integral, la atención en salud y el acceso a información confiable. En este sentido, Briozzo subrayó la importancia de fortalecer las alianzas interinstitucionales para avanzar en una estrategia coordinada.

“El Estado debe recoger las propuestas de la sociedad civil, potenciarlas y convertirlas en acciones concretas. La participación activa de todos los actores es fundamental para garantizar derechos”, expresó.

El subsecretario también destacó que el MSP trabaja en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en la actualización y fortalecimiento del programa de educación sexual integral, tanto a nivel curricular como extracurricular. Según explicó, durante el gobierno anterior se había identificado un debilitamiento de esta estrategia, por lo que se está impulsando una renovación de contenidos y metodologías.

“Estamos revisando la currícula de formación docente, así como las actividades que se desarrollan dentro y fuera del aula. La educación sexual integral no es solo una herramienta educativa: es una política de prevención, de salud y de garantía de derechos”, enfatizó.

Compromiso del Estado y rol de las familias

Briozzo insistió en que la educación sexual integral es una de las herramientas más efectivas para combatir la violencia de género, prevenir embarazos no deseados y promover relaciones basadas en el respeto y la libertad.

“Las familias cumplen un rol esencial en la formación de las personas, pero el Estado tiene la responsabilidad de establecer una estructura de derechos y educación que abarque a toda la población, sin exclusiones”, afirmó.

El encuentro reafirmó la voluntad del Ministerio de consolidar un modelo de trabajo colaborativo que permita avanzar en la universalización del acceso a derechos sexuales y reproductivos, entendidos como parte integral del bienestar, la salud y la dignidad humana.

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