Tras el atentado contra una fiscal especializada en narcotráfico, Mónica Ferrero, la Unión de Policías de la Guardia Republicana emitió un fuerte comunicado en el que denuncian la falta de garantías para los efectivos encargados de brindar custodia y exigen la renuncia inmediata del Ministro del Interior.
Según expresa el documento, el ataque no es un hecho aislado, sino que representa “un golpe directo a las instituciones de la República y a la Seguridad de todo el país”. La organización sindical advierte que el crimen organizado busca “doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad” mediante este tipo de acciones violentas.
En el comunicado también se destaca la preocupación por las condiciones en las que se encuentran los policías asignados a tareas de custodia. La Unión asegura que los efectivos “cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales”, lo que evidencia –según plantean– una grave falla de planificación y la ausencia de un relevamiento adecuado del servicio.
La situación, afirman, “dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial”, lo que configura un “doble atropello: a la seguridad institucional y a la vida de nuestros funcionarios”.
Por estas razones, el sindicato solicita formalmente la renuncia del Ministro del Interior, al que responsabilizan por una seguidilla de hechos violentos ocurridos durante su gestión: atentados contra policías en la vía pública, en espectáculos, y ahora también contra el sistema judicial. “Su continuidad es un riesgo para todos: no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia hacia la delincuencia”, asegura el texto.
El comunicado concluye con una frase contundente: “Defender a la Justicia es defender la democracia, pero defender a los policías que la custodian es defender la vida”, en un llamado a las autoridades a tomar decisiones urgentes frente al avance del crimen organizado y la inseguridad.
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