Nueva ley de empleo buscará mejorar la inserción laboral de personas con mayores dificultades.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) trabaja en el diseño de una nueva ley de empleo que buscará mejorar la inserción y reinserción laboral de los sectores de la población que enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado formal. Esta futura norma sustituirá a la Ley de Promoción del Empleo vigente desde 2021, que según las autoridades no ha alcanzado los resultados esperados.
El director nacional de Empleo, Federico Araya, explicó que el objetivo central es reformular el sistema para ofrecer más y mejores oportunidades laborales, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre los colectivos prioritarios se encuentran los jóvenes, las personas con discapacidad y quienes necesitan reinsertarse luego de un período prolongado de desempleo. “Queremos que los jóvenes tengan su primera experiencia en el sector privado y que esta se transforme en un empleo formal y duradero”, señaló Araya.
Evaluación de la ley vigente
A cuatro años de su implementación, la actual Ley de Promoción del Empleo no logró cumplir con las metas fijadas. El Ministerio de Trabajo había proyectado generar 8.000 nuevos empleos por año mediante incentivos y subsidios a las empresas, pero los resultados apenas alcanzaron la mitad de esa cifra. Además, el seguimiento de los beneficiarios muestra que cerca del 40% de los jóvenes que accedieron a su primera experiencia laboral a través de la ley ya no realizan aportes a la seguridad social.
El panorama es aún más desafiante en el caso de las personas con discapacidad, donde solo 29 lograron ingresar al mercado formal mediante los mecanismos previstos por la norma. Estos datos evidencian que los incentivos actuales no han sido suficientes para asegurar la continuidad de los empleos ni para promover la formalidad laboral a largo plazo.
Proceso de consultas y construcción participativa
Con el fin de elaborar una nueva propuesta más efectiva, el Ministerio ha iniciado un proceso de diálogo con diversos actores sociales. Se están realizando encuentros con organizaciones de trabajadores, cámaras empresariales, instituciones públicas y colectivos de la sociedad civil para recoger aportes y construir una norma más sólida y consensuada.
La cartera laboral pretende que la futura ley promueva el empleo digno, decente e inclusivo, con especial atención en los colectivos que históricamente han tenido más dificultades para acceder a un trabajo estable y formal. La intención es que, además de ofrecer beneficios a las empresas, se generen mecanismos de acompañamiento, capacitación y seguimiento para los trabajadores beneficiarios.
Nuevos desafíos y líneas de acción
El desafío principal será transformar las experiencias laborales temporales en oportunidades sostenibles dentro del mercado formal. Para ello, el ministerio analiza fortalecer las herramientas de apoyo a la capacitación, mejorar los incentivos para las empresas que mantengan los vínculos laborales y garantizar el registro de los trabajadores en el sistema de seguridad social.
En el caso de los jóvenes, el énfasis estará en ofrecer empleos de calidad que representen un verdadero punto de partida para su desarrollo profesional. Para las personas con discapacidad, la ley podría incluir medidas de accesibilidad y programas de sensibilización en las empresas, con el objetivo de promover una inserción plena y sin discriminación.
También se evalúan posibles alianzas entre el sector público y privado para la creación de pasantías, mentorías y programas de formación dual, que permitan vincular la educación con el trabajo y facilitar el ingreso de nuevos talentos a distintas ramas productivas.
Expectativas y proyección
El Gobierno espera que la nueva ley permita mejorar la calidad del empleo y fortalecer la formalización del trabajo en Uruguay. Entre las metas se destacan aumentar el número de jóvenes que logran una continuidad laboral tras su primera experiencia, promover la contratación de personas con discapacidad y reforzar los derechos de los trabajadores mediante su inclusión en el sistema de seguridad social.
Si la nueva normativa logra cumplir estos objetivos, significará un paso importante hacia un mercado laboral más inclusivo, equitativo y sostenible. La apuesta del Estado es que la reforma no solo genere más puestos de trabajo, sino también empleos de mejor calidad, con estabilidad y protección para todos los trabajadores del país.
