El abogado y exsenador del Frente Amplio, Óscar López Goldaracena, expresó reparos en relación con el proyecto de ley que propone reformar la Caja de Profesionales. Según su interpretación, la iniciativa podría ser inconstitucional al establecer un nuevo tributo sobre las pasividades, lo cual —a su juicio— representaría una regresión en materia de derechos adquiridos.
Goldaracena argumentó que este tributo podría vulnerar el artículo 67 de la Constitución, que establece un mínimo jubilatorio y el ajuste anual de las pasividades en función del Índice Medio de Salarios. En su opinión, “el Estado garantiza un determinado monto de aumento a las jubilaciones, pero al mismo tiempo impone un impuesto sobre esas mismas pasividades, lo que contradice el espíritu del artículo constitucional”.
También planteó que el principio de solidaridad, tal como se aplica en la propuesta, podría estar siendo interpretado de forma incorrecta. Señaló que existen numerosos profesionales en actividad que no realizan aportes a la Caja, y que una gran parte de ellos trabaja para el Estado, el cual —según indicó— también tiene responsabilidades constitucionales en la garantía de las pasividades.
En tanto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, destacó la urgencia de avanzar en una reforma del sistema, debido a la situación financiera crítica que enfrenta la institución.
Arim advirtió que a partir de junio de este año, la Caja Profesional podría entrar en una etapa de serias dificultades para cumplir con sus obligaciones, lo que —según dijo— requiere una solución inmediata. “Es parte de las cosas que tendrían que haberse resuelto antes, pero debemos hacerlo ahora porque de lo contrario, en 2025, la Caja enfrentará problemas significativos”, afirmó.
El Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en un proyecto de ley que será enviado al Parlamento para su discusión.
