Uruguay implementará medidas fiscales y comerciales para mejorar el empleo y la competitividad en la frontera con Brasil.
El Gobierno uruguayo anunció un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad comercial en las ciudades fronterizas con Brasil, con el objetivo de reducir el impacto negativo de la diferencia cambiaria. La iniciativa busca estimular el empleo formal, fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por la pérdida de dinamismo en el comercio fronterizo.
Este paquete de acciones, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responde a antiguas demandas de comerciantes de los departamentos fronterizos y forma parte de las prioridades establecidas por el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi. La propuesta contempla beneficios fiscales, subsidios y exoneraciones para facilitar la actividad comercial formal y mitigar los efectos de la competencia desigual con los precios del lado brasileño.
Un enfoque integral para impulsar la economía local
El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, señaló que el plan representa una respuesta concreta a planteos que los comerciantes vienen realizando desde hace años, especialmente intensificados en el último período. En este contexto, una delegación del equipo económico recorrió varios departamentos fronterizos —Rocha, Cerro Largo, Rivera y Artigas— con el fin de recoger de primera mano las preocupaciones del sector y presentar las nuevas herramientas.
Las medidas anunciadas se estructuran en torno a cinco ejes principales, todos orientados a reducir los costos operativos y de comercialización del lado uruguayo, en un intento por equilibrar la competencia con los comercios brasileños.
Las cinco medidas clave
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Rebaja del IVA para compras en comercios fronterizos:
Se eliminará la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se reducirá un 50% la tasa básica (11%) para las compras realizadas mediante tarjetas de débito en comercios minoristas de ramos generales situados a menos de 20 kilómetros de los pasos de frontera. Esta rebaja busca incentivar el consumo en el comercio local formal. -
Subsidio total en el arrendamiento de POS:
Se extenderá el subsidio del 100% del costo de arrendamiento de las terminales de pago electrónico (POS) para monotributistas y empresas registradas bajo el literal E. Esto busca facilitar el acceso a medios de pago formales y reducir costos fijos. -
Régimen especial de importación exonerado de tributos:
Se implementará un nuevo régimen que permitirá a comercios minoristas ubicados a menos de 60 kilómetros de la frontera importar productos de la canasta básica sin tributos aduaneros. Esta medida apunta a mejorar la variedad y el precio de los productos ofrecidos por los comerciantes locales. -
Reducción de aportes patronales para nuevos empleos formales:
Las empresas de los sectores de comercio minorista, industria manufacturera, alojamiento, gastronomía, actividades administrativas, entretenimiento y servicios, que generen nuevos puestos formales dentro del próximo año, podrán acceder a una rebaja de hasta el 75% en los aportes patronales. Esta medida también será válida para empresas ubicadas dentro de un radio de 60 kilómetros de los pasos fronterizos. -
Ampliación de la rebaja del Imesi en combustibles:
El Impuesto Específico Interno (Imesi) aplicable a los combustibles será reducido del 24% al 32% en las zonas fronterizas, como parte de los esfuerzos por acercar los precios locales a los que se manejan en Brasil y así frenar el desvío de consumo.
Impacto económico y marco legal
Según explicó Vallcorba, la implementación de estas medidas requerirá una combinación de instrumentos legislativos y administrativos. El Gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley que contemplará la rebaja del IVA, la exoneración de aportes patronales y la creación del régimen simplificado de importación. A su vez, la Dirección General Impositiva (DGI) emitirá una resolución para hacer efectiva la rebaja del Imesi y el Ejecutivo promulgará un decreto para continuar subsidiando el arrendamiento de POS.
En cuanto al costo fiscal estimado, se prevé una renuncia tributaria de alrededor de 6 millones de dólares anuales, divididos en partes iguales entre la rebaja del IVA y la del Imesi. No obstante, desde el Gobierno consideran que este gasto puede ser compensado en el mediano plazo mediante un aumento en la formalización del comercio, mayores volúmenes de ventas y, en consecuencia, una mejora en la recaudación tanto del IVA como de los aportes al Banco de Previsión Social (BPS).
Repercusiones y expectativas
El anuncio oficial se realizó el pasado 5 de junio en la ciudad de Artigas, durante un encuentro entre el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el subsecretario Martín Vallcorba, junto a representantes de la Confederación Empresarial del Uruguay y empresarios de la zona fronteriza. La medida fue recibida con expectativa por parte de los comerciantes locales, que desde hace años denuncian una situación de desventaja competitiva que ha llevado al cierre de negocios y al aumento del desempleo en las localidades afectadas.
Con este paquete de acciones, el Gobierno apunta no solo a contener la sangría comercial hacia el país vecino, sino también a construir condiciones más equitativas que favorezcan el desarrollo económico sostenible de las ciudades limítrofes. Las autoridades consideran que una mayor formalización del empleo, una mejor oferta de productos a precios competitivos y el fortalecimiento de los actores locales pueden transformar a la frontera en una oportunidad de crecimiento, en lugar de una desventaja estructural.
