Paysandú: Justicia condena a la Intendencia por negar acceso a información pública

Justicia obliga a la Intendencia de Paysandú a pagar casi $200.000 por negar acceso a información pública.

La Justicia uruguaya condenó a la Intendencia de Paysandú al pago de una multa cercana a los 200.000 pesos tras haber denegado tres solicitudes de acceso a la información pública presentadas por el exintendente y excandidato departamental por el Frente Amplio, Mario Díaz, en mayo de 2024. El caso se resolvió tras un proceso judicial que incluyó dos sentencias, una en primera instancia en agosto y otra en segunda instancia en septiembre de ese mismo año. En abril de 2025, se estableció la sanción económica equivalente a cuatro unidades reajustables por cada uno de los 27 días de incumplimiento, lo que totaliza 197.407 pesos.

Las solicitudes de información estaban relacionadas con tres temas sensibles de la gestión departamental: la contratación de personal a través de la Fundación A Ganar, la construcción de una residencia estudiantil en una zona de riesgo de inundación, y un acuerdo con una empresa privada para la gestión de residuos sólidos.

Según explicó Díaz al medio M24, el acceso tardío a los documentos solicitados terminó confirmando varias de las preocupaciones públicas que había expresado durante su campaña y actividad política. En el caso de la Fundación A Ganar, el dirigente cuestionó que más de 400 funcionarios ingresaran a la intendencia a través de esta organización, con un modelo que, según denunció, implica costos adicionales para el gobierno departamental y posibles afectaciones a los derechos laborales del personal contratado.

Asimismo, Díaz planteó que la Fundación recibe un porcentaje del salario de cada trabajador y que incluso algunas personas asociadas a dicha entidad llegaron a ejercer funciones de supervisión sobre funcionarios municipales, generando lo que él calificó como una “distorsión” en la estructura institucional. También alertó que la actual administración estaría preparando un nuevo llamado público para recursos humanos, lo cual, en su opinión, podría estar orientado nuevamente a contratar a la misma fundación.

Respecto a la construcción del hogar estudiantil, el exintendente criticó la elección del terreno, un antiguo galpón donde se realizó la Exposición del Río Uruguay en 1964, ubicado en una zona identificada como inundable por el propio plan de ordenamiento territorial de Paysandú. A pesar de coincidir con la necesidad de crear un espacio para estudiantes del interior del departamento, consideró que el lugar elegido encareció innecesariamente la obra, cuyo presupuesto final se estima en unos seis millones de dólares.

En cuanto a la gestión de residuos, Díaz sostuvo que la intendencia destinó maquinaria y cedió instalaciones a una empresa privada que luego no cumplió con sus compromisos. Según su relato, la firma entró en concurso y su principal responsable desapareció, dejando sin efecto el acuerdo inicial y generando pérdidas para el erario público.

El fallo judicial no solo obligó a la intendencia a entregar la información solicitada, sino que también estableció la sanción económica por la demora. La mitad de la multa será destinada al Poder Judicial, mientras que la otra mitad será donada por Díaz al Centro Juvenil MOPI. “Desde el inicio dejamos claro que esto no era por una cuestión económica. Nuestro objetivo siempre fue acceder a información pública que debe estar disponible para todos los ciudadanos”, afirmó el dirigente, quien agradeció el trabajo del abogado Federico Álvarez Petraglia, quien lo representó en el proceso.

Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y el acceso efectivo a la información pública como herramientas para el control ciudadano y la buena gobernanza. También resalta el rol de la Justicia como garante del cumplimiento de estos derechos fundamentales consagrados en la legislación uruguaya.