Reclamos por acceso a información pública ponen en tela de juicio la transparencia de la Intendencia de Paysandú.

El acceso a la información pública vuelve a ocupar un lugar central en el debate ciudadano del departamento de Paysandú, a raíz de una serie de denuncias impulsadas por el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien sostiene que la Intendencia ha incurrido en prácticas poco transparentes frente a pedidos formales de información. Las críticas, que abarcan contratos, obras públicas y designaciones políticas, ya cuentan con fallos judiciales que respaldan al denunciante y generan cuestionamientos en torno a la gestión municipal.

Cuestionamientos al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información

Álvarez Petraglia ha denunciado públicamente que la Intendencia de Paysandú no ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones legales en materia de acceso a la información, tal como lo establece la Ley N.º 18.381. Según el abogado, en varias ocasiones las respuestas oficiales han sido entregadas fuera de plazo, con información incompleta o de forma que no permite el adecuado control ciudadano. En este contexto, destacó que incluso existiendo sentencias judiciales en primera y segunda instancia que ordenaban la entrega de documentación, las autoridades municipales continuaron demorando el cumplimiento de lo dispuesto.

Intervenciones judiciales y respuestas parciales

Las solicitudes de información fueron respondidas en buena parte por la Dra. Mónica Mazzilli, prosecretaria general de la Intendencia y funcionaria de confianza del intendente Nicolás Olivera. De acuerdo con Álvarez Petraglia, las respuestas emitidas por Mazzilli no se ajustaron al mandato judicial, ya que entregaron datos parciales, lo cual —según afirma— constituye una omisión grave en términos de transparencia administrativa. Este punto es clave en la denuncia, ya que se basa en el incumplimiento de decisiones judiciales firmes que amparan el derecho de acceso a la información pública.

Fundación A Ganar: foco de la polémica por contrataciones

Uno de los aspectos más controvertidos es el uso de la Fundación A Ganar como intermediaria en la contratación de personal. El abogado denunció que unas 426 personas habrían sido incorporadas a través de este mecanismo, lo que representó una erogación estimada en unos 20 millones de pesos uruguayos por parte de la Intendencia en los últimos años. A su entender, este tipo de contrataciones por medio de terceros puede evadir mecanismos de control y transparencia, además de generar dudas sobre los criterios de selección del personal.

Obras públicas millonarias sin información previa clara

La inversión en obras de gran porte también fue blanco de cuestionamientos. Álvarez Petraglia hizo especial énfasis en el caso del nuevo hogar estudiantil departamental, cuya construcción demandaría una inversión de aproximadamente 6 millones de dólares. Según explicó, la existencia y detalles de esta obra no habían sido difundidos públicamente hasta que él mismo presentó una solicitud formal de información. Además, criticó la ubicación seleccionada para la infraestructura, señalando que se trata de una zona vulnerable a quedar aislada en situaciones de inundación, lo que plantea interrogantes sobre la planificación y evaluación de riesgos.

Vertedero municipal y falta de claridad en inversiones ambientales

La situación del vertedero municipal también fue mencionada como un ejemplo de posible falta de transparencia. El abogado sostuvo que la Intendencia habría destinado cerca de 300.000 dólares en mejoras de infraestructura, construcción de galpones y adquisición de maquinaria para el sitio. Sin embargo, la organización Sandeco —vinculada al manejo del lugar— habría declarado inversiones por 700.000 dólares, cifra que Álvarez Petraglia puso en duda. Alegó que esta entidad no dispone de los recursos necesarios ni garantiza condiciones adecuadas para el trabajo de sus operarios, tanto en términos de seguridad como de remuneración.

Inversiones en espacios públicos bajo observación

Otros gastos de relevancia también fueron señalados. Entre ellos, la remodelación del Estadio Cerrado Municipal —con una inversión estimada en 6 millones de dólares— y las obras de reacondicionamiento en la Plaza Constitución, que habrían costado alrededor de 300.000 dólares. Para el abogado, es fundamental que estos procesos estén sujetos a mayor escrutinio ciudadano y que la población cuente con datos concretos, accesibles y actualizados sobre cómo y en qué se utilizan los fondos públicos departamentales.

Críticas al funcionamiento institucional y a designaciones políticas

Álvarez Petraglia también manifestó preocupación por lo que definió como una actitud de "tozudez institucional" por parte de las autoridades municipales, al haber demorado hasta 45 días en entregar información, incluso cuando ya existían resoluciones judiciales favorables a sus requerimientos. En ese sentido, cuestionó la creación de cargos de confianza, como el de la prosecretaria Mazzilli, sugiriendo que su designación podría estar vinculada con su participación en los juicios promovidos por el abogado contra la Intendencia.

Un llamado a fortalecer los mecanismos de control ciudadano

Este caso vuelve a poner en relieve la importancia de la transparencia en la administración pública y el rol fundamental que cumple el acceso a la información como herramienta de control democrático. Desde el punto de vista jurídico, la existencia de fallos judiciales no cumplidos representa un antecedente preocupante en el marco del Estado de Derecho. A su vez, el episodio ha despertado interés en organizaciones civiles y actores políticos que reclaman una mejora en los procedimientos internos de respuesta a solicitudes formales.

Mientras tanto, la Intendencia de Paysandú no ha emitido un pronunciamiento oficial en relación con estas denuncias. La controversia sigue abierta, y los reclamos continúan siendo un tema de interés tanto a nivel departamental como nacional.