Uruguay retrocede en libertad de prensa: alertan por presiones políticas, amenazas y reformas legales
Uruguay ha caído del puesto 51 al 59 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), una señal que ha encendido alertas tanto a nivel internacional como local. El informe señala con preocupación un deterioro en las condiciones para ejercer el periodismo en el país, debido a presiones políticas, amenazas directas a periodistas y reformas normativas que podrían debilitar las garantías para la libertad de expresión.
Clima adverso para el periodismo
El descenso de ocho posiciones en el ranking se enmarca en un contexto en el que el ejercicio periodístico enfrenta desafíos crecientes. Reporteros Sin Fronteras advierte que durante el último período de gobierno se han reportado múltiples casos en los que comunicadores han sido presionados por investigar asuntos sensibles para el poder político. Algunos de estos casos involucran directamente a instituciones estatales, desde las cuales se habría intentado interferir o condicionar el trabajo de la prensa.
Además, se investiga un caso particularmente grave: la vigilancia de periodistas por parte de organismos estatales encargados de la seguridad interna. Esta situación fue denunciada públicamente y derivó en una actuación judicial que, hasta el momento, no ha tenido resolución. Aunque no se han revelado detalles oficiales, la existencia misma de una causa penal vinculada a prácticas de vigilancia contra periodistas genera inquietud en el ecosistema mediático nacional.
Amenazas, autocensura y regiones vulnerables
A nivel interno, organizaciones como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) han documentado un aumento de situaciones adversas para la prensa. En su último informe, la institución registró 66 casos en el último año que incluyen amenazas, hostigamientos, restricciones a la cobertura informativa y obstáculos al acceso a datos públicos.
Una de las situaciones más graves fue la amenaza de muerte contra una periodista que cubría actividades del crimen organizado en la zona fronteriza con Brasil. Este tipo de hechos, además del impacto directo sobre las personas involucradas, tiende a generar autocensura entre colegas que cubren temas de seguridad, narcotráfico o corrupción, especialmente en regiones alejadas de la capital, donde el respaldo institucional y legal suele ser más débil.
Cambios normativos bajo la lupa
El informe de RSF también cuestiona la reciente modificación a la ley de servicios de comunicación audiovisual, aprobada en 2024. Según la organización, los cambios introducidos debilitan el marco regulatorio que protege la pluralidad informativa. Entre los aspectos más críticos, se menciona la eliminación de los conceptos de “monopolio” y “oligopolio”, así como la falta de garantías explícitas para la libertad editorial de los medios.
La concentración de los medios de comunicación sigue siendo un punto débil del panorama nacional. Actualmente, tres grandes grupos dominan la televisión abierta, lo que restringe la diversidad de contenidos y opiniones disponibles para la ciudadanía. Esta situación, combinada con un entorno cada vez más complejo para el periodismo independiente, podría afectar el derecho de la sociedad a recibir información veraz y plural.
Posturas enfrentadas y necesidad de diálogo
Desde el gobierno, se ha cuestionado la legitimidad y veracidad del informe de RSF. Autoridades han manifestado su desacuerdo con las conclusiones del ranking y han puesto en duda su metodología. Sin embargo, tanto Reporteros Sin Fronteras como otras organizaciones internacionales defienden la validez de sus evaluaciones, señalando que la libertad de prensa es un principio universal que debe resguardarse en todas las democracias, más allá de su nivel de desarrollo económico.
Para muchos actores del sistema democrático uruguayo, este retroceso en la clasificación no debe tomarse como una simple estadística, sino como una oportunidad para revisar las condiciones en que se ejerce el periodismo. Garantizar un entorno libre de presiones, amenazas y censura —ya sea directa o encubierta— es indispensable para fortalecer el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Frente a los desafíos actuales, diversos sectores reclaman la apertura de espacios de diálogo entre el Estado, los medios, los periodistas y la sociedad civil, con el objetivo de proteger y promover una prensa libre, plural e independiente como fundamento esencial de la vida democrática.
