Atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero: disparos, excavaciones sospechosas y fuerte repudio político.
La madrugada de este domingo 28 de Septiembre de 2025 estuvo marcada por un grave episodio que conmocionó al sistema judicial uruguayo. La fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, fue víctima de un atentado en su propia vivienda, cuando desconocidos ingresaron a su domicilio, realizaron disparos de arma de fuego, ocasionaron daños materiales y luego se dieron a la fuga. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero el hecho ha generado un amplio repudio político y social por el nivel de amenaza institucional que representa.
Los hechos: ingreso armado y excavación sospechosa
Según las primeras pericias policiales, el ataque ocurrió cerca de las cinco de la mañana. Dos individuos accedieron al predio de la casa de la fiscal, ubicada en Montevideo, y efectuaron al menos dos disparos en el lugar. También causaron destrozos en el interior del domicilio y, posteriormente, escaparon en una camioneta. La fiscal Ferrero se encontraba dentro de la vivienda al momento del incidente, lo que agrava la gravedad del hecho y refuerza la hipótesis de que no se trató de un acto vandálico cualquiera, sino de una acción dirigida y premeditada.
Uno de los elementos más inquietantes hallados por los investigadores fue un pozo excavado en el patio de la casa. Las autoridades evalúan la posibilidad de que en ese lugar los atacantes hayan intentado ocultar un artefacto explosivo o manipulado con la intención de generar mayor daño. Por ello, se desplegó un operativo especial de la Policía Científica y el escuadrón antibombas, en coordinación con la Dirección de Investigaciones del Ministerio del Interior. A esta hora, la zona continúa siendo peritada.
Contexto: amenazas previas y causas sensibles
Mónica Ferrero asumió el cargo de fiscal de Corte interina en agosto de 2024 y ha estado al frente de casos complejos, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Durante su gestión, no ha sido ajena a situaciones de presión y amenazas, que incluso fueron reconocidas públicamente en entrevistas recientes. En esas ocasiones, Ferrero manifestó que en más de una oportunidad se sintió intimidada dentro de salas de audiencia, donde enfrentaba acusados vinculados al narcotráfico que le realizaban gestos amenazantes.
Su postura firme frente a la criminalidad organizada y su defensa de la autonomía fiscal han sido puntos centrales de su trabajo. Este ataque, por tanto, no solo busca intimidar a una persona en particular, sino que parece estar dirigido a generar un mensaje de amedrentamiento hacia la institucionalidad misma del sistema judicial uruguayo.
Fuerte condena política: un llamado a la unidad democrática
El atentado generó un inmediato y enérgico rechazo por parte de actores de todo el espectro político. Figuras tanto del oficialismo como de la oposición expresaron su solidaridad con la fiscal Ferrero y su familia, al tiempo que hicieron un llamado a la defensa conjunta de las instituciones democráticas.
El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, informó que se comunicó personalmente con el actual presidente Yamandú Orsi, con el objetivo de enviar un mensaje unificado en defensa del Estado de Derecho. “En este tema no puede haber diferencias ni matices. Se está atacando a la institucionalidad”, declaró. A su vez, el senador Javier García advirtió sobre la “gravedad institucional incalculable” de lo ocurrido y exhortó a que se actúe con la máxima firmeza para identificar y sancionar a los responsables.
Desde filas oficialistas, también se pronunciaron con dureza. El senador Daniel Caggiani remarcó que “solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político”, destacando la importancia de cerrar filas frente a ataques de este tipo. Otros referentes, como Pablo Mieres, Luis Alberto Heber, Juan Martín Rodríguez y Gabriel Gurméndez, coincidieron en que se trata de un momento de inflexión en el que el sistema político debe mostrar cohesión.
Un antes y un después en la protección institucional
El episodio no solo pone en riesgo a una funcionaria clave, sino que abre una serie de interrogantes sobre el nivel de seguridad de quienes integran el sistema judicial y penal en Uruguay. Ya no se trata únicamente de amenazas verbales o simbólicas: el atentado contra Ferrero representa un punto de inflexión que obliga a repensar las estrategias de protección de fiscales, jueces y operadores judiciales que enfrentan al crimen organizado.
A su vez, plantea la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad y de implementar políticas de respaldo institucional que vayan más allá de la reacción ante el hecho consumado. El Estado deberá enviar un mensaje claro: no se permitirá bajo ninguna circunstancia que se atente contra el sistema democrático a través de actos de violencia o intimidación.
En este marco, la investigación continúa y es considerada de máxima prioridad por las autoridades. Se analizan registros de cámaras, posibles vínculos con causas recientes, y eventuales amenazas recibidas por Ferrero en las semanas previas. La ciudadanía, por su parte, observa con atención el desarrollo del caso, mientras aumenta la preocupación por la creciente osadía de los grupos criminales.
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