Congreso de Intendentes propone modificar ley sobre ingreso de funcionarios departamentales.
El Congreso de Intendentes fue recibido recientemente por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para presentar su postura respecto al proyecto de ley que regula el ingreso de personal a los gobiernos departamentales. En este marco, los jerarcas departamentales entregaron una propuesta alternativa de siete artículos, elaborada en consenso por todas las intendencias del país, con el objetivo de introducir modificaciones al texto ya aprobado por la Cámara de Representantes.
El proyecto en discusión —denominado formalmente “Personal Presupuestado o Contratado de los Gobiernos Departamentales”— busca establecer criterios más uniformes y transparentes para la contratación de funcionarios en las intendencias. Sin embargo, desde el Congreso de Intendentes se plantea que la versión aprobada en Diputados no contempla adecuadamente ciertos aspectos fundamentales para el funcionamiento operativo de las administraciones departamentales, especialmente en lo que refiere a la designación de cargos de confianza.
Según señalaron los intendentes ante la comisión parlamentaria, la iniciativa original presenta ambigüedades sobre la potestad que tienen los jefes departamentales para contratar directamente a personal de confianza, como los directores generales, asesores o cargos similares, los cuales suelen ser nombrados por razones políticas y de confianza directa, y no mediante procesos de concurso o llamados públicos.
El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, actual intendente de Paysandú, expresó que los cargos de confianza están contemplados en los estatutos funcionales de cada departamento, debidamente aprobados por las Juntas Departamentales y avalados a través de los presupuestos quinquenales. En ese sentido, cuestionó que estos puestos deban ser sometidos a llamados públicos o concursos de oposición y méritos, al considerar que “no parece muy lógico que esos cargos de confianza, previstos en los estatutos, sancionados y aprobados por presupuesto y por la Junta Departamental, tengan que ser llenados por un llamado, un concurso de oposición y mérito”.
La propuesta presentada por el Congreso de Intendentes busca introducir mayor claridad normativa, preservando el espíritu de profesionalización del servicio público sin afectar la facultad de los intendentes para estructurar sus equipos de gestión. A su vez, se pretende asegurar que los mecanismos de ingreso a los cargos permanentes continúen siendo transparentes y competitivos, respetando los principios de mérito, idoneidad y publicidad.
El debate sobre este proyecto se enmarca en un contexto nacional de revisión de normas de ingreso a la función pública, tanto a nivel del Estado central como en los gobiernos departamentales. En ese proceso, uno de los principales desafíos es equilibrar el principio de transparencia y acceso equitativo con la necesidad de preservar márgenes de autonomía para que las intendencias puedan funcionar con agilidad y confianza en sus cuadros directivos.
Actualmente, la Comisión de Constitución del Senado se encuentra analizando tanto el texto original aprobado por la Cámara de Diputados como las modificaciones sugeridas por el Congreso de Intendentes. Se espera que en las próximas semanas se definan ajustes al articulado, considerando los planteos realizados por los gobiernos departamentales.
El tema seguirá en agenda parlamentaria, dado su impacto directo en la gestión de recursos humanos dentro de los gobiernos locales y en la estructura organizativa de cada intendencia. El objetivo final será alcanzar una ley equilibrada que garantice eficiencia administrativa, transparencia en los procesos de ingreso y el adecuado ejercicio de la autonomía departamental establecida en la Constitución.
Deja tu comentario
Comentarios