Senador Nicolás Olivera propone regular tasas de interés en préstamos a jubilados y pensionistas con ingresos bajos
El senador Nicolás Olivera presentará un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para las tasas de interés aplicadas a préstamos otorgados por instituciones oficiales a jubilados y pensionistas cuyos ingresos mensuales no superen las cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a 26.304 pesos uruguayos.
La propuesta apunta a que el Parlamento sea quien defina un tope para las tasas de interés de estos préstamos, con el objetivo de reducir la carga financiera sobre los sectores pasivos con ingresos más bajos. De acuerdo con Olivera, muchas de estas personas acceden a créditos para cubrir necesidades básicas, pero enfrentan condiciones que considera desfavorables, incluso cuando los préstamos provienen de entidades estatales como el Banco de Previsión Social (BPS) o el Banco República (BROU).
El legislador ya había impulsado una iniciativa similar durante su anterior período como diputado, en el marco del último gobierno del Dr. Tabaré Vázquez. Ahora, retoma la propuesta con el argumento de que las tasas vigentes —que rondan el 28% o 29%— no se condicen con los niveles actuales de inflación, estimados en el entorno del 5% al 6%, lo que, según su visión, genera márgenes de ganancia elevados para las instituciones prestamistas.
Olivera también se refirió a las ganancias anuales del Banco República, que se estiman en 600 a 700 millones de dólares, y cuestionó que se otorguen préstamos con altos intereses a un sector que, en su mayoría, representa un riesgo crediticio bajo, debido a los mecanismos de cobro automático y a seguros asociados a los préstamos en caso de fallecimiento del titular.
El proyecto propone fijar límites razonables a las tasas de interés, con base en parámetros macroeconómicos como la inflación, sin prohibir el acceso al crédito, pero buscando condiciones más equilibradas para los beneficiarios. La iniciativa también pone sobre la mesa la discusión sobre el rol del Estado en su doble función de garante del bienestar social y agente financiero.
Según Olivera, la intención es promover una discusión parlamentaria sobre este tema, con el objetivo de alcanzar una regulación que priorice la protección de los adultos mayores con menores ingresos. El proyecto será presentado en los próximos días y se prevé que genere debate tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
