El BPS incorpora inteligencia artificial para detectar fraudes laborales y fortalecer la fiscalización en conjunto con otros organismos estatales.
El Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay ha incorporado herramientas de inteligencia artificial (IA) para modernizar y optimizar sus operativos de fiscalización. Esta innovación busca mejorar la detección de irregularidades en el ámbito laboral, como la subdeclaración salarial y el empleo informal, mediante el cruce de datos con la Dirección General Impositiva (DGI) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
La estrategia, que forma parte de un plan de fortalecimiento institucional, se basa en el uso de tecnología avanzada para focalizar recursos inspectivos en empresas con mayores probabilidades de incumplimiento. Según autoridades del organismo, este enfoque no sustituye la labor presencial de los inspectores, pero permite priorizar de forma más efectiva los casos donde existen mayores indicios de evasión o fraude.
Inteligencia artificial para priorizar fiscalizaciones
El nuevo sistema basado en inteligencia artificial utiliza algoritmos que procesan grandes volúmenes de información, lo que permite identificar patrones de comportamiento empresarial que podrían estar asociados a prácticas laborales irregulares. De esta forma, el BPS puede enfocar sus inspecciones en los sectores y empresas donde hay señales más claras de incumplimiento.
“Esta tecnología nos ayuda a tomar decisiones más informadas sobre dónde inspeccionar primero, optimizando así el uso de los recursos disponibles”, indicaron desde el organismo. Al reducir el margen de error y aumentar la precisión en la selección de casos a investigar, se espera mejorar la efectividad general de las acciones de control.
Subdeclaración salarial: una modalidad creciente de informalidad
Entre las principales irregularidades que detecta el BPS en sus inspecciones no predomina el trabajo completamente no registrado, sino una forma más sutil de evasión: la subdeclaración salarial. En estos casos, el trabajador figura como empleado formal, pero con un salario declarado inferior al que realmente percibe.
Este tipo de prácticas afecta directamente los derechos del trabajador, ya que reduce sus aportes jubilatorios, limita su cobertura de salud y debilita su acceso a beneficios sociales. Además, representa una forma encubierta de evasión que perjudica al sistema previsional.
“No es que los trabajadores estén completamente fuera del sistema, sino que muchas veces están mal registrados. Y esa distorsión también es una forma de incumplimiento”, explicaron desde el BPS. También se han identificado casos de trabajadores que realizan tareas eventuales o "changas" sin estar inscriptos en ningún régimen de aportes, lo que los deja fuera de toda protección laboral.
Coordinación interinstitucional como eje estratégico
Con el objetivo de abordar este fenómeno de manera integral, el BPS ha intensificado la coordinación con otros organismos públicos, especialmente la DGI y el MTSS. Este trabajo conjunto permite detectar de forma más temprana las inconsistencias en los registros laborales y actuar en consecuencia.
Cuando alguna de estas instituciones identifica irregularidades, los datos se comparten de manera inmediata para facilitar una respuesta articulada. Por ejemplo, si la DGI detecta movimientos financieros que no se condicen con los aportes declarados, esa información es derivada al BPS. A su vez, si el BPS encuentra salarios declarados por debajo del laudo establecido, comunica el hecho al Ministerio de Trabajo para que actúe en su área de competencia.
Este trabajo en red busca recuperar prácticas de colaboración que en el pasado no estaban suficientemente integradas. “Ahora volvemos a tener un canal directo con estos organismos. Si en una planilla encontramos cifras inferiores a lo estipulado por ley, informamos al MTSS de forma inmediata”, explicaron fuentes del organismo previsional.
El rol clave de las denuncias laborales
Si bien la tecnología ha mejorado la capacidad de detección, desde el BPS se reconoce que la participación de los trabajadores sigue siendo fundamental. La capacidad inspectiva es limitada en relación al universo de empresas, por lo que las denuncias realizadas desde el lugar de trabajo se consideran una herramienta imprescindible.
Los trabajadores pueden presentar denuncias de forma confidencial, ya sea por subdeclaración, falta de registro o cualquier otra irregularidad. Esto permite al organismo priorizar sus intervenciones en función de las señales más concretas. “No podemos llegar a todos lados, por eso la denuncia es esencial para que podamos actuar”, subrayaron desde la entidad.
Consecuencias del incumplimiento laboral
El incumplimiento de las normas laborales no solo genera sanciones económicas para las empresas, sino que también puede derivar en consecuencias legales de mayor gravedad. En caso de accidentes laborales que involucren a trabajadores no registrados, las empresas podrían enfrentarse a demandas judiciales y a la obligación de cubrir indemnizaciones sin respaldo de seguros.
Por esta razón, el BPS busca fortalecer una cultura de cumplimiento que proteja tanto a los trabajadores como al sistema de seguridad social. La utilización de inteligencia artificial, sumada a la cooperación interinstitucional y la participación activa de los ciudadanos, representa un paso importante hacia un modelo de fiscalización más eficiente y justo.
Un modelo innovador para garantizar derechos
El enfoque adoptado por el BPS no solo responde a necesidades operativas, sino también a una visión estratégica de largo plazo. Mediante la incorporación de tecnologías emergentes y la articulación con otros actores del Estado, el organismo pretende construir un entorno laboral más transparente y respetuoso de los derechos.
Este modelo de gestión contribuye a fortalecer la protección social en Uruguay, asegurando que los aportes lleguen a quienes corresponda y que los derechos laborales sean efectivamente garantizados. A medida que se profundiza esta transformación digital, se espera una mejora significativa en la detección temprana de irregularidades y en la capacidad del Estado para responder a los desafíos del empleo informal en sus distintas formas.
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