Uruguay impulsa la centralización y digitalización de archivos sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En una nueva etapa de fortalecimiento institucional de la memoria histórica, el Gobierno uruguayo reactivó un convenio clave que permite centralizar, digitalizar y preservar documentos vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen cívico-militar (1973-1985). Esta iniciativa involucra a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional y la Universidad de la República.
El anuncio fue realizado por la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, quien destacó que el convenio contempla la digitalización del archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, así como el traslado de la documentación impresa a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Además, se incluye la digitalización de expedientes judiciales pertenecientes a la Justicia Militar y al Supremo Tribunal Militar, los cuales están almacenados en el archivo de la antigua Dirección de Policía Técnica. Esta tarea permitirá conservar y sistematizar información clave para la investigación y el acceso público a los datos vinculados al accionar represivo del Estado durante la dictadura.
Documentación de todo el país y coordinación interinstitucional
El convenio también prevé el relevamiento y la entrega de documentos relacionados con la represión estatal y las víctimas del terrorismo de Estado que se encuentran en poder de las Jefaturas de Policía del interior del país. Estas evidencias serán digitalizadas, y se generará una copia de respaldo que será enviada al Ministerio del Interior.
Valverde subrayó que esta iniciativa contribuye a trasladar documentación sensible desde el ámbito policial hacia una órbita civil, lo que fortalece la transparencia y el compromiso institucional con los derechos humanos. Asimismo, explicó que el convenio entre los organismos públicos y la Universidad de la República ya había estado en funcionamiento hasta el año 2020, momento en que su ejecución fue interrumpida. Su reactivación, afirmó, representa un paso fundamental en el proceso de reconstrucción de la memoria y la verdad.
La ministra interina remarcó también que existe una clara voluntad política, así como un compromiso por parte de la Policía Nacional, para continuar con la búsqueda de información sobre los detenidos desaparecidos. "Hay un firme respaldo institucional para saber qué pasó y dónde están", expresó.
Defensa Nacional y el acceso a archivos militares
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, informó que su cartera también retomará la digitalización de los archivos históricos bajo su custodia. Esta tarea, que anteriormente se desarrollaba en colaboración con instituciones académicas, había quedado inconclusa, aunque se estima que aproximadamente la mitad de los documentos ya fueron digitalizados.
Lazo indicó que se realizará un nuevo ingreso al archivo militar en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y especialistas de la Universidad de la República, con el objetivo de identificar los documentos pendientes y completar su procesamiento digital. “Más allá de lo que ya se conoce, existe una responsabilidad ética de continuar investigando y develando la verdad sobre el pasado reciente del país”, concluyó.
Preservar la memoria para garantizar los derechos
La centralización y digitalización de estos archivos representa un avance en la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la memoria, pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático y la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Además, al integrarse diversas instituciones del Estado y del ámbito académico, se promueve una gestión transparente, rigurosa y accesible de la información, orientada a consolidar una cultura de derechos humanos en Uruguay.
Con esta medida, el país da un paso más hacia la construcción de una memoria colectiva basada en el acceso público a la información, el reconocimiento de las víctimas y el compromiso de no repetir las violaciones sufridas durante el periodo dictatorial.
